Hablar de pensiones en estos días no resulta fácil pues declaraciones interesadas se entrecruzan desviando la realidad del actual estado de cosas en torno al pasado, presente y futuro de las pensiones en nuestro país. La cuestión radica en si en estos momentos los pensionistas tienen razones para protestar de la manera que lo están haciendo dada la evolución de las pensiones de jubilación, tanto en su modalidad contributiva como no contributiva. La respuesta sin duda es que sí y no solo los pensionistas. También aquellos que algún día tienen entre sus aspiraciones cobrar una pensión digna que sustituya el último salario de tal manera que pueda mantener un nivel de vida más o menos similar. Piénsese que la tasa de sustitución es la diferencia entre el último salario de vida laboral y la pensión a cobrar. Actualmente estaríamos hablando de que si un trabajador cobra 1.500 euros la pensión sería de unos 1280 euros mientras que si fuésemos a una tasa de sustitución del 55% sería de 825 euros.

12 de mayo de 2010. Ante la situación en los mercados en torno a la solvencia de la deuda pública española y las presiones comunitarias Zapatero anuncia una congelación de las pensiones de jubilación para el ejercicio presupuestario 2011, salvo las mínimas y no contributivas. Bien es cierto que en el período 2004-2011  la pensión mínima de jubilación a los 65 años se había incrementado un 50,8 % en el caso de cónyuge a cargo y un 36 % para el resto, mientras que la inflación acumulada del periodo ascendía al 22,8 % por lo que el aumento de capacidad adquisitiva del período fue notable. Igualmente el aumento de la pensión media de jubilación fue del 40% por lo resulta más que evidente el aumento de poder adquisitivo para todos los tramos de jubilación. Luego casi un año después aumentaba la edad de jubilación a los 67 años con el establecimiento de período de transición. Aquellas medidas en parte le valieron al Partido Socialista una contundente derrota electoral en 2011 y ello pese a que no se tocaba el modelo básico de pensiones públicas.

Noviembre de 2013. El Gobierno de Mariano Rajoy al margen del Pacto de Toledo y rechazando todas las enmiendas planteadas por el resto de grupos parlamentarios aprueba la introducción del factor de sostenibilidad de las pensiones. Para ello desvincula la revalorización de las mismas de la evolución del IPC, vinculándola a la situación de déficit de la Seguridad Social e introduce el factor de sostenibilidad a partir de 2019 para los nuevos jubilados, vinculando el importe de la pensión a la esperanza de vida.

El Gobierno, sin quererlo había puesto en marcha una bomba de relojería que le estallaría tal y como le ha estallado casi cinco años después de la aprobación de la medida. No es lo mismo publicar una norma en el Boletín Oficial del Estado que remitirle una carta al jubilado informándole que su pensión de 700 euros ha subido 1,75 euros y que ello es gracias a la buena evolución de los datos macroeconómicos, mientras comprueba la evolución del recibo de la luz, el agua o la cesta de la compra y además tiene que hacer frente a unos gastos de medicina que el Gobierno consideró debían quedar al margen de la cobertura sanitaria parcialmente a fin de racionalizar el gasto sanitario.

La respuesta del pensionista era previsible, únicamente hacía falta notar en carne propia la realidad económica de su íntima existencia y de lo que le rodea mientras asiste a un discurso económico gubernamental exultante en términos macroeconómicos.

El Gobierno del Partido Popular sentó las bases del crecimiento económico en una precarización de relaciones laborales, descentralizando la negociación colectiva, que llevó a una precarización de las cotizaciones sociales en base a una devaluación salarial, que consiguientemente nos llevó a un déficit de la Seguridad Social que sirve de base para poner en tela de juicio la sostenibilidad de las pensiones, justificando la subsiguiente devaluación de las mismas y alentando la necesidad de ahorrar a través de planes de pensiones sostenidos y regulados por la banca y las aseguradoras.

El Gobierno advierte a todas aquellas formaciones políticas que reclaman la derogación de la reforma de 2013 que no se haga política con las pensiones y que se vuelva al Pacto de Toledo, pero fue el propio Gobierno el que arrumbó al baúl de los recuerdos la vigencia del Pacto de Toledo cuando aprobó la reforma en 2013 que tiene por objetivo acabar con el sistema de pensiones tal y como lo habíamos concebido en democracia, devaluando la tasa de sustitución en torno a un 30% para quedarse en un 55% aproximadamente en el futuro respecto al 82 % actual.

Las pensiones admiten reformas, la esperanza de vida cada día aumenta y la pirámide poblacional no invita al optimismo pero aun así el gasto público con respecto al PIB en pensiones según la proyección de BBVA para 2018 será del 10,6 % mientras que Italia o Francia están en el entorno del 15 %. Por tanto existe margen para poder revalorizar las pensiones conforme al IPC, dado que ello supondría apenas 1600 millones de euros anuales que podrían ser detraídos del Presupuesto y de un aumento de cotizaciones vía mejora salarial. Reformar el sistema de pensiones no debe ser nunca entregar la hucha a entidades privadas. Existen sistemas mixtos que combinan una cotización contributiva y otra de capitalización a través de cuentas nocionales del trabajador que incentivan al ahorro pero desde la gestión pública y sin ánimo de lucro. Es lícito contratar planes privados de pensiones como complemento y cada ciudadano debe decidir como distribuye su ahorro pero ello no debe sustituir de manera prevalente un sistema público de pensiones que admite mejoras pero no su demolición, y el modelo introducido por el Gobierno del Partido Popular ha sentado los pilares de su demolición.