Plena Inclusión participó el pasado 8 de febrero en una concentración histórica frente al Tribunal Constitucional, una protesta para exigir el cumplimiento de la convención de Naciones Unidas de los derechos de las personas con discapacidad que prohíbe cualquier limitación al derecho de voto como de hecho sucede en España. “A nadie se le hace un examen para poder votar, ¿Por qué se hace con los discapacitados!”, plantean. Reivindicando una ciudadanía plena.

Es la “lucha por los derechos civiles de las personas con discapacidad intelectual”, explica Enrique Galván, presidente de Plenas Inclusión España, “los hemos tratado como ciudadanos de segunda a los que debemos de proteger, y que no tienen voz pero reclaman con voz firme y sólida y ese objetivo debe cumplirse”.

Galván participó este miércoles en Ceuta en la entrega del certificado de calidad que reconoce la excelencia en su labor, a la vanguardia en España, subrayó el presidente nacional de la entidad. Una garantía de calidad, basada en un modelo “muy exigente” basada en la gestión ética, los valores y el trabajo en pro de una calidad de vida.