El programa electoral de Unidas Podemos para los comicios generales del 10 de noviembre apuesta por "establecer vías legales y seguras de entrada en España, poner fin a la irregularidad sobrevenida y garantizar los derechos civiles de las personas migradas" con medidas como dejar de vincular el derecho al voto en las elecciones muunicipales de las personas extranjeras residentes "a tratados internacionales bilaterales", como lo está actualmente.
Ahora, en elecciones municipales (las de Ceuta tienen ese rango) gozan del derecho de sufragio activo los extranjeros residentes cuyos respectivos países permiten el voto a los españoles en idénticos comicios en los términos de un Tratado (Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago). También todos los residentes en España que, sin haber adquirido la nacionalidad española, tengan la condición de ciudadanos de la UE, reúnan los requisitos para ser elector exigidos para los españoles y hayan manifestado su voluntad de votar.
El volumen de población extranjera en Ceuta se acercaba a principios de año, según la última estadística del INE, a 5.800 personas, la inmensa mayoría (5.188) de nacionalidad marroquí.
"Garantizaremos el respeto absoluto a los derechos humanos en la frontera sur, de acuerdo con la normativa internacional, y vigilaremos que no se produzca ninguna devolución en caliente o exprés ilegal", garantiza el documento.
Los de Pablo Iglesias también son partidarios de "flexibilizar los procesos de reagrupación familiar" de "recuperar la posibilidad de solicitar asilo en embajadas y consulados de terceros países", de "articular visados humanitarios" y de "aumentar los programas de reasentamiento y crearemos nuevas modalidades de visado, como el de búsqueda de empleo".
Además, se comprometen a "flexibiizar los procesos de arraigo, dejando de vincular exclusivamente la renovación de las autorizaciones de residencia a un contrato en vigor u oferta de empleo". En la misma línea, aseguran que acortarían los plazos requeridos para adquirir la nacionalidad y suprimirían las trabas burocráticas y requisitos discrecionales en el procedimiento de adquisición, "como puede ser el examen de nacionalidad".