Trescientos agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional y militares, todos heridos en acto de servicio, han acudido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo para denunciar la discriminación en sus pensiones. Es su último recurso tras haber acudido a todos los órganos posibles de la Administración del Estado, agotado la vía de los Tribunales de Justicia hasta el Tribunal Constitucional, que también le “ha cerrado las puertas” a su demanda colectiva.

“El problema que plantean es exclusivamente referido a las pensiones extraordinarias de retiro o jubilación”, explican desde el bufete de abogados de Fernando Osuna. “Consideran que son servidores del Estado que padecen una incapacitación acaecida en acto de servicio o como consecuencia del mismo. Por la propia peculiaridad intrínseca de la profesión son más vulnerables a sufrir accidentes o atentados terroristas, y no es justo que sus derechos están siendo restringidos por los poderes públicos, dando lugar al agravio comparativo respecto a sus propios compañeros en circunstancias similares, con la única salvedad de que éstos fueron víctimas de atentados terroristas, existiendo entre sus agraviados, muchas otras víctimas, que sin ser tras atentado terrorista, presentan iguales o mayores daños o secuelas”.

“Este colectivo de militares, policías y guardias civiles quieren cobrar sus pensiones extraordinarias sin que se les aplique el tope de las LPGE”, explican, comparando su situación con la de las víctimas del terrorismo: “La peculiaridad es que en el caso que nos ocupa, la petición se referiría solo a las pensiones extraordinarias de clases pasivas. La base de la petición es precisamente la especialidad de estas pensiones, equiparables a las de terrorismo.

Por ello, quieren defender en Estrasburgo “la vulneración del derecho fundamental de igualdad en relación con las pensiones de terrorismo, y reclamando el cobro íntegro de las pensiones extraordinarias sin tope, en atención a su peculiaridad. Es decir, habría que basarse en la vulneración de un derecho fundamental, para reclamar que, aunque dicha medida siga incluyéndose en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, se legisle la excepción (como se hizo con las pensiones de terrorismo)”.