El PP y Vox han votado este viernes en el Consejo de Administración de Acemsa en contra de una propuesta de Caballas para promover la modificación del Reglamento de Suministro de Agua de Ceuta con el fin de suprimir la figura de la suspensión del contrato, que según ha expuesto Juan Luis Aróstegui se convierte de hecho "más en una medida cruelmente coercitiva que una de disciplina fiscal".

"No se puede entender que una Administración democrática se sirva de las consecuencias de privar a personas, incluidos niños y niñas, personas enferma o dependientes, de una derecho tan elemental como el suministro de agua para cobrar sumas mezquinas que por otro lado despilfarra miserablemente", ha expuesto el localista, que solo ha conseguido con su argumentario que prosperase una segunda votación para quitarle el carácter de urgente y ganar tiempo, hasta el próximo mes, para abordar el fondo de la cuestión de nuevo.

No obstante, previamente los de Vivas y los de Juan Redondo ya habían sumado sus quince votos (ponderados) para ganar los diez que sumaban PSOE, MDyC y Caballas, los tres grupos que han respaldado la iniciativa de este último.

La coalición estima que la figura de la “suspensión del contrato”, de facto dejar sin agua al cliente moroso, es "absolutamente anacrónica e impropia de un Estado moderno", ya que "la Administración dispone de los instrumentos legales, precisos y necesarios para exigir a los contribuyentes las deudas que se pudieran producir por impago de alguna de sus obligaciones, pero entre ellas no puede ni debe figurar la privación de derechos".

Los grupos de la derecha han alegado que esas deudas que no se pagan acaban recayendo sobre el conjunto de los cumplidores y Aróstegui ha recordado que "los impuestos que dejan de pagar los millonarios a los que defienden partidos como el PP y Vox también acaban asumidas por el resto de la sociedad".