El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número seis ha citado a declarar al consejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Fernando Ramos, tras la denuncia presentada por el Movimiento por  la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) por presunta prevaricación en la concesión de la ampliación de "sus establecimientos" en las pasadas fiestas navideños.

“Para el MDyC la concesión de la ampliación de horarios a sus propios establecimientos del Concejal del Partido Popular, en un procedimiento exprés de un solo día, incumpliendo la normativa local, ubicando sus bares en otras lugares, tan sólo para obtener un beneficio político no podía zanjarse con una regañina de nuestro inepto Alcalde y la retirada de las competencias sobre la materia, por eso acudimos a la justicia”, explican

“En diciembre de 2017, el MDyC presentó la denuncia puesto que entendemos –recuerdan en un comunicado-  que la autorización de Medio Ambiente para auto-concederse la ampliación de horarios clamaba a los más altos niveles de la sinvergonzonería política, de aquellos que han llegado a un cargo público para beneficiarse, de quienes entienden el servicio público como la fórmula para enriquecerse, de aquellos que anteponen su interés muy particular, al interés general; de los que se han creído que el Ayuntamiento de Ceuta es su cortijo particular donde hacer y deshacer a su antojo”..

El MDyC entiende que no existe un “error de los técnicos” como el Gobierno pretendió “endilgarles” al indicar que no habían avisado al consejero de Medio Ambiente de que debería abstenerse en la concesión de esa ampliación de sus bares. “El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento y más cuando desde el MDyC ya habíamos denunciado con anterioridad que el Concejal de Fomento votó a favor de un reconocimiento de deuda de una empresa de la que había sido su abogado particular, discutiéndose la imposibilidad de actuar sobre asuntos que les afectaran directamente; estando presente el ahora Concejal de Medio Ambiente. Por lo que no pueden ocultar su conocimiento de la ilegalidad del hecho”.