El consejero de Juventud y Deportes de Ceuta, Fernando Ramos, ha sido citado a declarar como investigado (la nueva denominación de la figura procesal del imputado) en el marco de las diligencias abiertas tras la denuncia formulada el pasado mes de junio por Javier Pérez contra el miembro del Ejecutivo local "y todos los que sean responsables en algún grado" de una "persecución" a su persona y los presuntos delitos de malversación y prevaricación en la gestión de la Hípica, algo que el Gobierno de Vivas siempre ha negado rotundamente.

Pérez alertó a la Fiscalía poco después de que Intervención instase al ICD a sacarle del equipamiento municipal de que los 22 contratos menores tramitados en un año para ese servicio, alguno de ellos adjudicados a su propia empresa, habían sido "ajustados en duración según conveniencia a menos de 18.000 euros"; de que habían servido para cubrir "unas necesidades permanentes en el tiempo" desde noviembre; y de que "al final van a suponer más de 450.000 euros [con su convenio incluido] a las arcas del Gobierno, es decir, unos 100.000 euros más que el contrato anterior".

Para el denunciante esa forma de "malgastar" implicó "un desprecio a la buena economía" al que añadió "el no cumplimiento del deber de cobros de los servicios prestados, bajo contrato, a los 16 propietarios de caballos particulares, por valor de unos 30.000 euros a día de hoy". "Podremos deducir claramente que se ha producido una persecución con claro desprecio a la ley y a las mínimas normas de buena administración, evitando además, con estas acciones, que más de 250 deportistas practiquen su deporte favorito", recapituló.

A mediados de julio, antes de que el Gobierno pactase con Pérez pagarle 2.600 euros al mes por alquilarle 40 equinos, la Fiscalía de Ceuta acordó remitir Diligencias de Investigación Penal al Juzgado Decano de la ciudad para la incoación de procedimiento penal "de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 779 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal" por esa denuncia, que desde su punto de vista incluía "una serie de hechos que, de ser ciertos, lo que deberá determinarse en la investigación judicial, basta para deducir la existencia de una irregularidad".

El Ministerio Público entendió que tomar las riendas de la investigación y realizar diligencias de instrucción como "declaración de imputado o solicitud de documentación" solo serviría "para reduplicar actuaciones". Además, alegó que ante "la carencia de medios personales al servicio de la Fiscalía de Área de Ceuta para su adecuada tramitación", la investigación "solo supondría dilación no recomendable habida cuenta la práctica imposibilidad de que se practicara en tan solo seis meses de instrucción".

Además, "reflexionó" sobre la elección de los denunciantes recordando que frente a un posible ilícito se puede actuar "ante la policía; o ante Juzgado; o ante el Fiscal" en función de "muy diferentes razones". "Si se pretende algún tipo de medidas cautelares urgentes es obvio que lo más directo será dirigirse al Juzgado y acudir a la Fiscalía responde en ocasiones a la búsqueda de efectos extraprocesales, particularmente, los mediáticos: precisamente por ello debe calificarse de atinada la instrucción que en su día anunció el anterior Fiscal General del Estado en relación a dar curso inmediato al Juzgado a toda denuncia proveniente de partidos políticos para evitar esa instrumentalización del Ministerio Fiscal en la lucha política", señaló.

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