Entre 28 y más de 56 años de cárcel. Esas son las penas principales que solicitan tres de las seis acusaciones populares personadas en la causa de la tragedia del Tarajal en sus escritos de acusación contra los 16 guardias civiles procesados por su actuación en el espigón fronterizo la madrugada del 6 de febrero de 2014 para contener a cientos de migrantes, suceso que se saldó con la muerte de al menos 14 personas ahogadas.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) les imputa tres delitos: homicidio por imprudencia grave con resultado de muerte, denegación de auxilio y prevaricación. Por el primero considera que procede imponer a cada guardia (por cada una de las 15 muertes) dos años de prisión, 30 en total, y seis de privación del derecho de porte o tenencia de armas. Por el segundo, también por cada fallecido, una multa de 24 meses a razón de 20 euros diarios (más de 200.000 euros) y suspensión de empleo o cargo por tres años.
Finalmente, por el delito de prevaricación, que la jueza instructora consideró archivado en su auto de hace mes de continuación de la causa por el procedimiento abreviado (recurrido por la Fiscalía y las defensas), una inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el sufragio pasivo durante quince años.
La Asociación Sociedad Humana estima la Guardia Civil "primó la custodia de la frontera sobre la protección de los seres humanos y de su vida cuando no existían ninguna dificultad en permitir el acceso a la playa y proceder a detenerlos"
La calificación se basa, según su relato fáctico, en que los guardias "dispararon pelotas de goma y botes de humo" al grupo que nadaba; que "omitieron socorrer a las personas que se hallaban nadando en el mar y que se encontraban con riesgo vital"; y que "hicieron un uso de la fuerza de forma desproporcionada en relación con las víctimas". "Según establece la legislación vigente, no cabe rechazar la entrada de personas migrantes de cualquier modo, sino solo de una manera adecuada a la protección de los derechos Humanos", indica.
Coordinadora de Barrios y Sociedad Humana
La Asociación Coordinadora de Barrios, que computa catorce muertos, reclama por cada uno como homicidio por imprudencia grave dos años de prisión (un total de 28 por funcionario) e inhabilitación especial por plazo de 5 años y 9 meses. “Subsidiariamente”, contempla un presunto delito de omisión del deber de socorro que conllevaría “pena de prisión de 3 años y 9 meses” y accesoria de privación del derecho de sufragio pasivo.
En el relato de hechos de sus conclusiones provisionales, el que detalla con mayor precisión los comportamientos de cada agente, destaca que "los acusados, a pesar de conocer el riesgo que suponía el empleo de material antidisturbios y la situación de peligro de personas en el mar, dispararon 155 pelotas de goma, cinco botes, y 355 salvas de fogueo".
La Asociación Sociedad Humana estima la Guardia Civil "primó la custodia de la frontera sobre la protección de los seres humanos y de su vida cuando no existían ninguna dificultad en permitir el acceso de los mismos a la playa y proceder a detenerlos tras rescatarlos inclusive".
A su juicio los hechos son constitutivos de quince delitos de homicidio por imprudencia grave y otros tantos de denegación de auxilio. Como tampoco ve "circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal”, pide 3 años y 9 meses de prisión por cada uno de los primeros (en total, 56 años y 3 meses de cárcel para cada guardia) con inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión por 5 años.
Por cada delito de denegación de auxilio reclama penas de multa de 22 meses con cuota diaria de 12 euros para cada guardia, así como un total de 80 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
El resto de acusaciones populares personadas son el Comité René Cassin, Pro Derechos Humanos y DESC.
