La Sección Tercera de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tiene “en fase de conclusiones” el procedimiento abierto hace casi dos años, en mayo de 2017, por Ciudadanos (Cs) de Ceuta, que presentó una demanda para dar continuidad al recurso que presentó contra las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad que permiten al presidente Vivas y a otros consejeros y altos cargos que son funcionarios en servicios especiales seguir cobrando la indemnización por residencia.

Cs argumentó que el derecho a percibir ese plus es irregular “cuando el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Bases de Régimen Local establecen que los empleados públicos en servicios especiales sólo tienen derecho a los trienios reconocidos en cada momento”.

“Mientras ese concepto es abonado por la Administración de origen, con la residencia se atribuye a la Ciudad sin amparo legal alguno la obligación de hacerse cargo indebidamente de su pago tanto a los funcionarios propios como a los de otras administraciones”, argumentó Cs.

Vivas, cuatro de sus consejeros (Hachuel, Carreira, Deu y Celaya) y la vicepresidenta Primera de la Asamblea, Rocío Salcedo, compaginan sus retribuciones como cargos políticos con esa indemnización.

Según Javier Varga, si el TSJA asume el argumentario de su formación todos ellos deberían devolver un total de “unos 300.000 euros”, lo cobrado durante los últimos cuatro años, que solo en el caso del presidente ascendería a 71.000 euros (a razón de unos 1.300 al mes).

Ciudadanos recordó al presentar la demanda que ese régimen retributivo se implantó “durante los años del GIL en el Gobierno de la Ciudad” y el PP lo perpetuó con una “interpretación interesada, porque es imposible que no sepan que no les corresponde”, que le permite “fijar unas retribuciones aparentemente más bajas de lo que lo son en realidad”.

La demanda de Ciudadanos también cuestiona que el Gobierno de Ceuta esté cumpliendo el límite máximo total que pueden percibir los miembros de las Corporaciones Locales por todos los conceptos retributivos y asistencias (excluidos los trienios de los funcionarios de carrera en servicios especiales), que en el caso de la ciudad autónoma “se fija en 75.000 euros”.