El sindicato UGT ha salido al paso de la sentencia que anula la base de ejecución presupuestaria de 2017 en la que se establecía el cobro de la residencia para funcionarios de la Administración Local en el Gobierno y deja por tanto en el aire el cobro de ese plus desde 2013. Lo ha hecho para lanzar un órdago en su apuesta y anunciar que ha requerido información a la propia Ciudad Autónoma en aras a la Ley de Transparencia y estudiar la posibilidad de abrir una vía penal contra el propio presidente de la Ciudad, Juan Vivas, por esos cobros, y de paso poner en el ojo de la huracán a la Secretaría y la Intervención de la Ciudad por haberlos permitido. Así lo han anunciado en rueda de prensa el responsable del sindicato en la Ciudad, Antonio Ramírez y el abogado del sindicato, Ramón Lladó, que además colaboró en el proceso contencioso administrativo que ha dado la razón a Ciudadanos.

El Gobierno por su parte ya ha anunciado lo que todos preveían, que interpondrá recurso de casación al Supremo.

UGT en concreto ha anunciado que este mismo jueves ha pedido por vía oficial información con carácter general de los cargos del Gobierno que han estado cobrando la residencia desde el año 2013 y con carácter específico en el caso del presidente Vivas retrotrayéndose en el tiempo hasta el año 2003. “Tienen un mes para contestar”, ha puntualizado Lladó.

Antonio Ramírez. "Vino a librarnos del GIL, pero cogió todas sus prácticas; primero sus conceptos retributivos y luego los metió a todos en sus gobiernos"

En base a esa información el sindicato estudiará una posible vía penal, barajando la posibilidad de denunciar al presidente por malversación de caudales públicos y prevaricación, según ha explicado el letrado del sindicato.

Pero sin esperar a esa información, de momento el sindicato prepara para la próxima semana dos recursos. Uno de impugnación contra la base del Presupuesto General de la Ciudad que ampara esos cobros del plus de residencia y de la antigüedad a funcionarios de otras administraciones que forman parte del Gobierno, la misma base que ha declarado nula el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Y otro recurso de nulidad para los presupuestos de 2018 y 2019, de esa misma base. En el caso de la 2020 el sindicato aún está en ese periodo de alegaciones de dos meses desde la aprobación del presupuesto, dado que no han transcurrido.

UGT calcula que la cifra que se podría haber cobrado de modo indebido podría rondar los 2 millones de euros, para Ramón Lladó es "un asalto a las arcas públicas"

Pero no son los únicos movimientos que hará UGT. El sindicato va a exigir por escrito a la Delegación del Gobierno que ponga a la Fiscalía General, aunque también han mencionado a la de Anticorrupción y la Intervención del Estado a trabajar para escudriñar las cuentas locales. Ramírez ha citado el ejemplo del Ayuntamiento de Marbella. “Si aquí cada vez que escarbamos un poco sale una ilegalidad…”, ha argumentado Ramírez.

Además mantendrá reuniones con todos los grupos representados en la Asamblea para pedirles que se pronuncien y que fuercen a parar la situación aprobando una propuesta para que ese plus de residencia deje de pagarse con carácter inmediato. Algo que de momento, ya ha pedido públicamente el MDyC y no parece que el Gobierno contemple. Si la oposición se une los votos salen.

UGT ha puesto también en el foco a la Intervención y la Secretaría de la Ciudad por haber permitido esos pagos. Ramírez ha apostillado: "Hay que recordar que el interventor tiene implicaciones familiares en este tema".

Y sin esperar a la información, el sindicato podría acudir ya a la vía penal por lo que considera una estafa procesal y una “burla a la Justicia” por el caso de los viceconsejeros, “se acostaban un día siendo una cosa y como la Justicia había anulado su cargo, se levantaban siendo otra, ahora son asesores de no sé qué”, ha aludido Ramírez, sin desprecio ni burla, sino sin saber realmente el nuevo nombre del cargo, el mismo en realidad, que han venido desempeñando durante años algunos altos cargos del Gobierno de Vivas.

Quizás lo más duro no sea la posibilidad de iniciar una vía penal, sino las valoraciones que al hilo de la sentencia ha realizado Antonio Ramírez:

“Demuestra que en este Ayuntamiento no existe la legalidad desde hace muchísimos años. Yo espero que aquellos que han avalado estos presupuestos ilegales respondan por ello”, ha dicho Ramírez y ha señalado directamente al interventor y la secretaria, “que están para mirar por la legalidad y el control”, y ha recordado que ya con la sentencia de los viceconsejeros quedó claro que es “flagrante” esa falta de control.

Para Ramírez “hay evidente mala fe en el cobro de esas retribuciones, como mínimo por parte de Vivas”. Y ha puesto en el centro de esa suposición que no fue hasta el año 2017 cuando se introdujo en el texto presupuestario una base que regulara ese cobro, aunque se había venido produciendo con anterioridad. Para Ramírez la introducción sólo responde a que es a partir de ese año cuando la Ley de Transparencia obligaba a publicar las retribuciones detalladas de todos los altos cargos. “Es la única interpretación que cabe hacer”, ha apostillado en su explicación.

Y se han preguntado una y otra vez: “si desde 2017 hace falta una base, ¿cómo lo pagaban antes?”, volviendo en este punto a mirar hacia los órganos de control, la Secretaría y la Intervención y recordando que “el interventor tiene implicación familiar en este tema”. Su pareja es directora general de Sanidad y cobra más que el propio presidente.

UGT exige la devolución de las cantidades cobradas por residencia y por la antigüedad y habla de cifras notorias para las arcas públicas, “más de medio millón sólo en 2017 y 2018”, ha calculado a ojo LLadó. Ramírez cree que la cifra total podría superar o andar cerca de los 2 millones de euros. Lladó no ha dudado al describir la situación como “un asalto a las arcas públicas”.

Y preguntados por si UGT cree que Vivas sabía que lo que cobraba por ese plus de residencia era indebido, ni Lladó ni Ramírez lo han dudado: “Vivas es funcionario A1 y es economista, si no lo sabe, esta Ciudad no se merece un alcalde que no lo sepa”, ha explicado Lladó. “¿Por qué mete la base en 2017? Porque sabe que la gente va a poder ver lo que cobra. Vino a librarnos del GIL, pero cogió todas sus prácticas; primero sus conceptos retributivos y luego los metió a todos en sus gobiernos. Estoy seguro que lo sabía”, ha dicho Ramírez.