UGT ha presentado una demanda judicial en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra el Plan de Ordenación de Recursos Humanos (PORH) del INGESA con la esperanza de que sus reivindicaciones "sean estimadas en su totalidad por ser ajustadas a derecho y porque redundarán en beneficio de todo el personal que presenta sus servicios en las distintas Áreas de Salud".

El sindicato ha recordado que el INGESA no elaboró durante 16 años un Plan "tan necesario e importante para la planificación de los recursos humanos que establezca los criterios de jubilación del personal estatutario, promoción profesional, movilidad del personal, comisiones de servicio, contratación del personal temporal, etc.étera siendo el único Servicio de Salud del Sistema Nacional de Salud que carecía de dicho documento".

UGT presentó varias alegaciones durante las negociaciones del documento porque "las bases establecidas para la contratación del personal temporal, promoción profesional y los criterios a tener en cuenta en las próximas Ofertas de empleo Público establecidas por INGESA vulneran de forma flagrante preceptos que regulan el acceso y promoción del personal de las administraciones públicas".

Todas ellas fueron desestimadas "a pesar de estar fundamentadas y motivadas sobradamente, apoyadas en normas con rango de Ley e incluso el principio de mérito establecido en nuestra Constitución Española, por lo que no firmamos ni apoyamos el Plan", como CSIF, SATSE, USAE y CCOO. "A pesar de todo, INGESA decidió de forma unilateral aprobar el documento que fue publicado en el BOE el pasado 30 de enero", han criticado los ugetistas.

"Vamos a seguir luchando para que no se vulneren los derechos de los trabajadores y por ello hemos presentado demanda en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que dicho órgano jurisdiccional declare nulo el acto administrativo, ya que no podemos permitir", ha explicado la central, "que INGESA lleve a cabo la contratación de personal acudiendo a los Colegios Profesionales, realice entrevistas personales al personal de la Bolsa de Trabajo, solicite candidatos acudiendo al Servicio Público de Empleo Estatal, premiar a los cargos de confianza baremando en la OPE los servicios prestados de directivos que no tienen plaza base como personal estatutario, baremar con menos puntuación el tiempo trabajado en la categoría a la que se concursa en las promociones profesionales y otros criterios absurdos que vulneran los principios de merito, capacidad e igualdad, además de varios preceptos de rango legal que regulan todos estos procesos selectivos del personal de las Administraciones Públicas".