Con la dimisión de José Torrado como presidente del Puerto marcando todavía la actualidad política, el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, cuñado además del vicepresidente de la adjudicataria de la gestión de la dársena deportiva, la empresa Mahersa, se ha abstenido este viernes "por si acaso", para evitar una querella criminal en busca de una pena de paseíllo o titular, de votar en la aprobación definitiva de la modificación del artículo 91 de la Ordenanza Fiscal Reguladora del IPSI, que trae una rebaja de los tipos que gravan el repostaje de yates en la ciudad y un incentivo fiscal para los que se dediquen a hacer negocio con yates con más de seis metros de eslora.

El líder del PP, que también se ha quedado sin el voto (y hasta la presencia en la Cámara) de otro de sus diputados, José Manuel Ávila Rivera, presidente de Mahersa, ha explicado que evitaría votar solamente por precaución, ya que a su juicio el cambio de tributación "no beneficia singulamente a ninguna empresa sino a la actividad náutica en Ceuta" y, además, según ha querido dejar "muy claro", no tiene "ninguna participación" en el accionariado de la empresa "ni pienso tenerla" y tampoco ejerce ninguna influencia sobre su allegado, Aurelio Puya.

El líder de Caballas, Mohamed Ali, ha preguntado a qué venía el entuerno si en realidad la Asamblea bajaba los impuestos a quien compra o echa gasolina en un yate, no a la emprea que gestiona el puerto deportivo, máxime si minutos antes se había reducido la tributación a servicios profesionales como los que prestan los abogados y ningún diputado letrado, que son muchos, había dejado de intervenir o estar presente. Vivas ha reconocido que se trataba de toreo de salón, de evitar querellas.

La portavoz del MDyC, abogada, Fatima Hamed, se ha empeñado pese a que el presidente ha intentado evitarlo en que la secretaria general de la Asamblea, María Dolores Pastilla, se pronunciase sobre si el presidente y su compañero del PP podía, por conflicto de intereses e incompatibilidades, votar (y hasta estar presente en el debate) la propuesta, pero esta ha alegado que no iba a informar "verbalmente" al respecto, ya que en todo caso tendría que incoar el correspondiente expediente por escrito, dar audiencias, etcétera.

Sobre el fondo del asunto, el presidente de la Ciudad todavía no ha comparecido pese a la petición expresa que ha hecho el PSOE tras el estallido del tema de Torrado para que dé explicaciones públicas sobre su papel, si lo tuvo, en la fijación de las tarifas de Mahersa a los usuarios de la dársena del puerto deportivo durante la última década tras ganar el concurso convocado para su gestión.

La Audiencia Provincial, en sus autos sobre la querella contra Torrado, que llegó a ser sobreseído dos veces por el Juzgado instructor, ha dictaminado que "no cabe descartar en absoluto" que "pudiera haber existido un conglomerado de personas que, incluso antes de adjudicarse la concesión a ‘Mahersa’, pudiera haber actuado en la sombra y desde fuera y dentro de la Autoridad Portuaria de Ceuta con el objeto último de lograr que acabara siendo concesionaria y obtuviera el mayor beneficio posible con la explotación del dominio público portuario”.

Al final ha sido el ya ex presidente del Puerto, a quien Vivas nombra y ahora va a sustituir por Rafael Rodríguez Valero, director general de la Marina Mercante saliente, el damnificado por los cambios en el techo de tarifas a imponer y el canon a pagar por Mahersa, ya que será juzgado por la comisión de presuntos delitos de malversación y prevaricación. Además la acusación popular considera que Torrado debería restituir a la Autoridad Portuaria 1,47 millones de euros y el juezr le ha impuesto el pago de una fianza de 2,07 millones para “para cubrir las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse”.