Juan Vivas ha registrado este verano una nueva declaración de propiedades e intereses, la tercera desde que comenzó la legislatura en curso en 2015, para dar cuenta de la venta de la propiedad inmobiliaria que linda con el antiguo hospital de la Cruz Roja, que heredó junto a sus hermanas y que ponía en tela de juicio que pudiese votar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) al estar afectada directamente por un aumento de edificabilidad.

El presidente era titular de una tercera parte de un local ubicado en el número 114 del Paseo de la Marina Española “junto con otras propiedades inmobiliarias en dicha dirección” y este verano ha transmitido el ciado local de negocio “por un importe de 50.000 euros”, cantidad que ha destinado casi en su totalidad (48.000) a “la realización de un préstamo” a uno de sus hijos.

El líder del Ejecutivo local ya había modificado su declaración de intereses inicial hace dos años para dejar constancia de la adquisición por parte de su esposa de una vivienda en Fuengirola.

En mayo del año pasado Vivas anuncio que sometería su voto sobre el Plan General, clave para no dependen de Ciudadanos, formación con la que el PP llegó a un principio de acuerdo para garantizar una mayoría a favor en el Pleno, al veredicto de los informes jurídicos que había pedido para saber si tendrá que abstenerse en la votación de la aprobación provisional de todo el PGOU o solo de la alegación que afecta al planeamiento de la zona de Las Balsas.

Ninguna de las fuentes consultadas repetidas veces sobre las conclusiones de dichos informes han aclarado en qué sentido han apuntado. “Haré lo que me digan para obrar con absoluta legalidad y transparencia, como hasta ahora”, indicó el líder del Ejecutivo local, cuya propiedad estaba afectada por los planes urbanísticos para proteger el Conjunto de La Almina y abrir un nuevo vial desde Cortadura del Valle hacia La Marina.

"Está declarada y es transparente y puedo ser rotundo y categórico, con el consejero de Fomento y los técnicos como testigos", zanjó Vivas, "en el sentido de que no he tenido la más mínima intervención para darle un trato u otro a la misma porque ni siquiera sabía que estaba afectada hasta que un familiar me advirtió en el plazo de información pública de que se iba a presentar una alegación”.