El número total de investigados -imputados en la antigua Ley- es de aproximadamente 55 personas, uno arriba o abajo, de las que 4 permanecen en prisión. En total se investigan a estas personas por 6 delitos: prevaricación, falsedad en documento oficial, cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. El auto de levantamiento de sumario demuele en un sólo párrafo la eficiencia y el rigor en la gestión de los gobiernos de Juan Vivas y la labor fiscalizadora de la oposición

La magistrada Raquel Lucini que instruye la causa del ‘Caso Emvicesa’ tiene claro, porque así lo ha demostrado la investigación judicial que ella dirige, que el “runrún” y los “comentarios” de muchos ceutíes sobre el tráfico ilegal de viviendas protegidas en la ciudad es mucho más que un mero rumor. Es “una realidad ilícita” que “ha desmontado” la investigación que estaba bajo secreto de sumario desde el pasado 7 de octubre, tal y como afirma la propia jueza en el auto en el que levanta ese secreto de sumario el pasado viernes y al que ha tenido acceso Ceutaldia.com. Tanto así que deja una frase lapidaria al respecto: “las viviendas de Ceuta se daban por unos pocos, a otros pocos y sin criterio ninguno”.

Para conocer los pormenores, los detalles, que obran en el sumario, que muchos cifran en una extensión alrededor de los 5.000 folios, habrá que esperar aún más. El juzgado tiene la tediosa labor de escanear los documentos para digitalizar la causa que como se inició antes del uno de enero de este año no está englobada dentro de ese “papel 0” con el que pretende comenzar a funcionar la justicia ceutí desde este 2017. Así hasta que no finalice esa digitalización las partes seguirán esperando para conocer con exactitud las pruebas que obran en manos de la Fiscalía y la Judicatura contra sus representados.

Lo que sí se sabe es el número de implicados o investigados en la causa –imputados en el antiguo lenguaje judicial-. Según han confirmado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a través del decanato de la Ciudad Autónoma serían 55 las personas investigadas dentro del caso. La cifra es aproximada, pero la posible variación se cifra en unidades. Pueden ser 54 ó 56.

Los delitos que se investigan, cada uno carga con los suyos, pero no quiere decir que con todos los tipos, son 6: prevaricación, falsedad en documento oficial, cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

Del algo más de medio centenar de investigados (una lista que no se descarta que pueda engordar en futuras diligencias) 4 duermen en prisión desde mediados del pasado mes de febrero. Antonio López, como cabecilla de esa supuesta “organización criminal” y sus colaboradores más cercanos, los que, también supuestamente, buscaban clientes y movían el dinero de los cobros y los pagos.

El secreto de sumario y las diligencias practicadas desde ese 7 de octubre de 2015 (un año y medio) ha permitido a la jueza “alumbrar con visos de sostenibilidad y racionalidad los oscuros pilares donde los terribles delitos se venían sosteniendo. Esto permitió aclarar no solo las formas de ejecución de los delitos, sino el tiempo desde el que los mismos se vienen cometiendo, las formas de ejecución y parte de las personas implicadas”.

En esa investigación cobra un papel fundamental los pinchazos telefónicos, según reconocieron desde la Fiscalía de Ceuta el pasado viernes, pero también, como se recoge en el auto, “la documental aportada por servicios sociales y la mercantil Emvicesa”.

Aún sin poder acceder al sumario se desprende del auto del levantamiento de sumario que las cosas en la administración local funcionaban sin demasiado control o rigor. “Se ha sabido que dado que Servicios Sociales nunca ha informado a Emvicesa (al menos en las promociones estudiadas) de las personas necesitadas de viviendas, de sus terribles circunstancias de necesidad, ni ha pasado por registro ningún documento que acredite dichas comunicaciones (pese a que eran viviendas de protección oficial), y ha quedado acreditado que NADIE baremaba las necesidades de los demandantes de vivienda (ni en Asuntos Sociales ni en Emvicesa), se concluye (en unión de otras muchas diligencias) que las viviendas en Ceuta, en las promociones objeto de estudio, han sido adjudicadas sin someterse a procedimiento legal alguno, ni criterio de sostén institucional, ni baremo de realidad social”, reza un demoledor párrafo del auto que, de corroborarse como cierto a lo largo del proceso judicial, supone la destrucción del supuesto rigor y eficiencia en la gestión de los gobiernos de Juan Vivas en aras del interés general y de la labor fiscalizadora de esa misma gestión pública por parte de la oposición.