El Consejo Territorial de UPyD-Ceuta se ha reunido este fin de semana con la dirigente del Sindicato Independiente de Policía Española (SIPE), Ana Moya, con quien ha compartido la "preocupación" de la formación magenta por el "malestar" que cunde entre "un importante contingente de funcionarios policiales y de otros colectivos funcionariales de Ceuta por la dudosamente aplicación legal por parte de la administración tributaria con apoyo expreso del delegado del Gobierno de la normativa referente a la presencia efectiva en Ceuta de 183 días anuales para la desgravación fiscal correspondiente".

Según los de Julián Domínguez "la cuestión gira en torno a la aplicación incorrecta de la Ley 35/2006 que entró en vigor el 1 de enero de 2007 y a las razones por esta importante dilación en su aplicación efectiva".

"Esta discutible e impugnable aplicación sesgada de la normativa tributaria afecta a colectivos del Ministerio del Interior (Policía Nacional, Guardia Civil e Instituciones Penitenciarias) que, sometidos a turnicidad, van y vienen de forma habitual a sus domicilios en otros lugares de España", ha argumentado UPyD-Ceuta.

El partido considera que en el futuro también podrá afectar esa doctrina "a funcionarios con destino en Ceuta de otros departamentos" y ha subrayado que "se trata de un caso claro de inseguridad e indefensión jurídica, que podría vulnerar derechos fundamentales recogidos en la Constitución". "Dentro de las medidas de control del fraude como el control de los falsos empadronamientos, esta medida recaudatoria aparenta ser una medida electoralista del PP, cuyo previsible resultado será contradicho por el Poder Judicial", ha alertado el partido, que entiende que "en principio la contabilización de las libranzas o días vacacionales como de inefectiva presencia en Ceuta no parece muy legal y nada razonable".

A su juicio "entra en conflicto con el artículo 13.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con el 12.1 del Pacto Internacional de los Derechos civiles y políticos, con la Directiva de la UE 2004/38/CE y con el Tratado de Lisboa respecto a la libertad de circulación y de residencia en la Unión Europea". "De la misma manera", ha añadido, "contraviene los artículos 31 y 40 de la Constitución Española sobre igualdad y progresividad en la aplicación impositiva fiscal y su no carácter confiscatorio; y sobre la seguridad e higiene en el trabajo (descansos y vacaciones)".

El delegado del Gobierno, Francisco Antonio González Pérez, defendió el viernes que una cosa es el Plus de Residencia, que se cobra "por trabajar" en Ceuta y otra las ventajas fiscales aparejadas a "vivir" en la ciudad, como el 50% de deducción en el IRPF. "Los sindicatos están confundidos", opinó.