González Pérez, entre los 257 altos cargos del Estado cuya declaración de bienes no es pública


González Pérez, entre los 257 altos cargos del Estado cuya declaración de bienes no es pública

- El Gobierno de Mariano Rajoy solamente ha dado cuenta de los datos de los nombrados o cesados entre el 1 de julio de 2013 y el pasado 30 de junio

- El PSOE defiende que “en ningún caso" puede considerarse que un Reglamento limite o excluya el alcance de los sujetos obligados por la Ley de Transparencia

El Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados ha presentado en la Cámara Baja una Proposición No de Ley y una solicitud de documentación de cada uno de los más de 250 altos cargos de la Administración General del Estado cuyas declaraciones de bienes y derechos patrimoniales no son públicas, relación en la que aparece el delegado del Gobierno en Ceuta, Francisco Antonio González Pérez, y la inmensa mayoría de sus homólogos.

Esta iniciativa responde, según la información publicada este fin de semana por el diario 'El País', a que "el Gobierno se ha acogido a un reglamento previo para no aplicar una parte de la Ley de Transparencia que está en vigor desde hace nueve meses".

Dicha norma fue aprobada el 9 de diciembre del año pasado prevé la publicación de los bienes y patrimonio de los altos cargos en su toma de posesión y al acabar su mandato, de forma que pueda compararse si ha habido enriquecimiento.

El 24 de septiembre el BOE publicó una resolución de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas en la que se incluían solamente las declaraciones de los altos cargos cuya toma de posesión o cese se haya producido entre el 1 de julio de 2013 y el 30 de junio de 2014.

El Gobierno de Mariano Rajoy se acoge al Reglamento de 2009 que desarrollaba la ley anterior y que establecía que se publicaban las declaraciones de los que tomaban posesión entre el 1 de julio y el 30 de junio.

El PSOE entiende que “con esta publicación limitada, el Gobierno ha incumplido la obligación que la ley establece respecto de los demás altos cargos nombrados con anterioridad al 1 de julio de 2013 y que han permanecido en sus puestos hasta ahora”. Además, estima que “en ningún caso puede considerarse que el Reglamento pueda limitar o excluir el alcance de los sujetos obligados por la norma legal, ya que estaríamos ante una norma viciada de nulidad por incumplimiento del principio de legalidad".

González Pérez, entre los 257 altos cargos del Estado cuya declaración de bienes no es pública


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