El secretario de Empleo del PSOE de Ceuta, Manuel Hernández, ha instado al Ministerio de Empleo a "dejar de perseguir a los trabajadores que se encuentran en paro" y a "empezar a hacerlo con los explotadores para controlar las horas ilegales que se realizan en España”. El socialista ha apuntado que “las estadísticas de la EPA del tercer trimestre de 2014 establecen que hay 5,5 millones de personas desempleadas, y ello quiere decir que de no haberse realizado las horas ilegales que se hicieron, el paro hubiera podido disminuir entre un 5%, con jornada a tiempo completo, y un 5,3%, en el caso de considerar la duración media de la jornada”.

Hernández ha precisado que ”los datos de la EPA del tercer trimestre de 2014, agregados para el caso de Ceuta y Melilla, y centrados en los asalariados del sector privado, determinan que el porcentaje de asalariados con jornada ilegal suponen un 4,1%, siendo 10.367 el número de horas ilegales realizadas. De tal modo que con las horas ilegalmente trabajadas en ambas ciudades, el paro se reduciría en un 1,32%”.

"Si se tiene en cuenta la evolución de la jornada habitual en los últimos tres años", ha analizado, "se comprueba que la flexibilidad establecida en la reforma laboral del Gobierno del PP no se traduce en una minoración de las jornadas ilegales ni con horas extraordinarias. Solamente se transforman las jornadas completas en jornadas parciales, con horas extras o directamente ilegales”.

El Grupo Parlamentario Socialista del Congreso ha presentado una Proposición No de Ley sobre la puesta en práctica de un plan contra la explotación laboral que insta al Gobierno a "garantizar que la jornada de trabajo se efectúe respetando los límites legales o pactados, bien en el convenio colectivo bien en el contrato de trabajo".

El artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores ya establece que el número de horas extraordinarias "no podrá ser superior a 80 al año", por lo que "hay que distinguir entre las horas extraordinarias y las horas que son ilegales".

Para la cuantificación de las horas ilegales se puede partir de estadísticas oficiales, como son los microdatos de la Encuesta de Población Activa (EPA) y las cifras del tercer trimestre de 2014, que demuestran que “en España hay más de 1,32 millones de trabajadoras y trabajadores del sector privado que llevan a cabo una jornada superior a la legalmente permitida, lo que representa el 11,5% de los asalariados del sector privado”.

Las horas ilegales podrían ser realizadas por otras personas, lo que supondría que 286.284 desempleados "podrían trabajar a tiempo completo", según el PSOE. Además, han supuesto para la Seguridad Social una disminución en su recaudación en torno a los 2.400 millones de euros, lo que supone un claro fraude”, apunta Hernández.