La Federación de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores (FSP-UGT) de Ceuta ha pedido en sus alegaciones al proyecto de Presupuestos de la Ciudad para el año próximo la reclasificación de los puestos de encargado de mercados y del cementerio musulmán y que se incluyan en la Oferta de Empleo Público (OEP) para 2015 un total de 23 plazas: dos de auxiliares de enfermería, otras tantas de camareros limpiadores, otro par de cocineros de primera, una de director de guardería, cinco de bomberos y once de policías locales.

El portavoz del Ejecutivo local, Emilio Carreira, ha anunciado que el Gobierno piensa limitar a cinco plazas en el Cuerpo que dirige Ángel Gómez la OEP del próximo ejercicio en la Administración local.

Además, los ugetistas reclaman que se reconviertan cinco plazas vacantes de auxiliar administrativo en tres plazas de administrativo con el fin de que se unan a las ocho vacantes para ser promovidas por promoción interna. El sindicato también aboga por “eliminar” de la base 43 de ejecución del presupuesto la parte de la misma que permite el pago a determinados funcionarios por asesoramiento (a sociedades mercantiles públicas). FSP-UGT considera que este principio es “contrario a derecho según el Tribunal de Cuentas del Estado”.

Finalmente, la central ha planteado a la Administración local que se adjunten, en los presupuestos de las empresas, sociedades, organismos, patronatos, etcétera, las relaciones de personal detalladas de conformidad con la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, “esto es, por categorías, tipo de vinculación, consignación presupuestaria por categorías y clases de plazas”.

Alegaciones de Fatima Hamed

La diputada no adscrita en la Asamblea, Fatima Hamed, ha propuesto que se reduzca el coste del personal político en casi 1,5 millones de euros y  que se celebre un convenio con Cruz Roja “para la información y el desarrollo de actividades asistenciales y de reinserción laboral en materia de drogas” por importe de 59.475 euros. La parlamentaria también aboga por hacer viable la construcción de 150 viviendas protegidas en el Brull con una partida de 8,4 millones de euros y por la suscripción de un plan de empleo centrado en Nuevas Tecnologías, Hostelería y Asuntos Sociales con 300.000 euros.

Además, reclama destinar algo más de medio millón a “la creación de un comedor social” y recuperar la compensación en la compra de bombonas de butano para los consumidores (medida que cifra en 272.000 euros). La financiación de todas estas propuestas sería posible con el recorte del gasto en personal político, la disminución de la partida de cooperativas de Emvicesa un plan plurianual de financiación del Brull (quitando 446.658 euros) y reduciendo las transferencias a la Fundación Crisol de Culturas y a la Fundación Premio Convivencia.