La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rechazado el recurso presentado por el Gobierno de Ceuta contra la sentencia que, en primera instancia, anuló el Acuerdo del Pleno que permitía nombrar directores generales "a personas sin la condición de funcionarios públicos y sin el requisito de la titulación" pero con una retribución bruta mensual de 4.503,73 euros más una paga extraordinaria en junio y otra en diciembre.

Según ha recordado FSP-UGT este jueves en un comunicado, el Gobierno de la Ciudad modificó en 2011 con la mayoría del PP el Acuerdo Regulador de retribuciones de los miembros del Gobierno, Diputados de la Asamblea, Altos Cargos y Personal de Confianza para hacer viable el nombramiento como director general a los gerentes o equivalentes de las sociedades y organismos dependientes de la Ciudad.

Es decir, "para nombrar a dedo sin necesidad de cualificación o titulación con el único requisito de ser personas próximas al Gobierno del Partido Popular", según ha 'traducido' la central.

La Federación de Servicios Públicos que dirige Juan Carlos Pérez se ha "felicitado" porque "por enésima vez (y las que quedan) el Gobierno de la Ciudad se vea desautorizado y condenado en sus pretensiones de colocar a dedo a personas afines dentro de una Administración Pública". Además, ha lamentado que "con el dinero de todos los ciudadanos el Ejecutivo de Vivas siga recurriendo a instancias superiores a sabiendas de la ilegalidad de los acuerdos que adopta". Esta vez la Administración local tendrá que pagar en costas hasta 600 euros.

"Los directores generales que no tienen ni la titulación ni la condición de funcionario; los subdirectores generales carentes de cualquier conocimiento y requisitos profesionales con el único mérito de su afinidad al PP; los viceconsejeros reconvertidos nombrados como miembros del Gobierno careciendo de la condición de electos, y cuya sentencia también ha sido recurrida sabiendo que van a volver a ser condenados; todo ello", ha resumido el sindicato, "es prueba irrefutable de la contumacia de este Gobierno en adoptar decisiones manifiestamente contrarias a derecho".

UGT ha pedido a Vivas que "ponga fin a este rosario de nombramiento de personas afines sin ninguna cualificación" y que proceda al cese "de todos aquellos cargos que no sean electos, ya que por esta sentencia la justicia le impide de forma definitiva que ponga a iletrados en un cargo de tanta responsabilidad como el de director general".