La titular del juzgado de instrucción número 6 de Ceuta ha decidido dejar en manos de la Audiencia Nacional, contra el criterio de la Fiscalía, la investigación para "conocer los hechos investigados en los tragedia del Tarajal". Así, será la Sala de lo Penal de la Audiencia la que continuará el trabajo como competente para conocer de los posibles delitos "cometidos fuera del territorio nacional”.

La jueza basa el auto de inhibición en el atestado de la Guardia Civil sobre los sucesos acontecidos el 6 de febrero, de los que podría deducirse un presunto delito de homicidio por imprudencia con la muerte de 15 de los aproximadamente 300 migrantes subsaharianos que participaron en el intento de salto en grupo del espigón del Tarajal.

La Fiscalía argumentó, cuando la juez pidió a las partes que se pronunciasen, que el Juzgado no tendría que desprenderse de la instrucción del caso aunque se imputase ese presunto delito a los guardias civiles actuantes desde territorio español y se diese por cierto que las defunciones se produjeron en territorio del Reino alauita.

Aunque parte de la jurisprudencia del Tribunal Supremo apunta que un delito se consuma “donde se produce el resultado del mismo”, el Ministerio Público se adhiere a la doctrina de la denominada ‘teoría de la ubicuidad’, que apunta que un delito se comete en todas las jurisdicciones “en las que se haya realizado algún elemento del tipo”.

Una vez recibido el atestado de la Benemérita con la identificación y testimonio de todos los funcionarios que participaron en el operativo desplegado durante la madrugada del 6 de febrero para frenar el intento de entrada de los migrantes, la Justicia española sigue esperando que Marruecos responda a las comisiones rogatorias tramitadas para acceder a las autopsias de los 10 cuerpos sin vida que recuperaron las autoridades del país vecino.