La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con un total de 98,2 millones de euros a 39 empresas y tres asociaciones de gestión de residuos, como consecuencia de una infracción única y continuada del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) en el sector de gestión de residuos y saneamiento urbano, que se plasmó en diversas conductas. Entre las sancionadas se encuentran Urbaser (más de 23 millones de multa), que gestionó la limpieza pública y la recogida de residuos en Ceuta hasta 2013, cuando no se presentó al concurso ganado por Trace, "por repartirse los clientes y las licitaciones públicas".

La CNMC considera probado que en la actividad de saneamiento urbano han quedado acreditados "contactos y acuerdos bilaterales" entre determinadas empresas del sector, habitualmente grandes operadores como FCC Medio Ambiente, Cespa, Urbaser y Valoriza, para la concurrencia en licitaciones públicas y otras actuaciones en determinadas áreas territoriales como las ciudades autónomas, Madrid y Málaga.

Las empresas llevaron a cabo "una práctica concertada global de reparto del mercado que integraron en su política comercial" que se manifestó "en el compromiso de respetar los clientes respectivos, tanto públicos como privados; el reparto de nuevos clientes; el intercambio de información comercialmente sensible (clientes, ofertas presentadas a éstos, etc.); el reparto de las licitaciones públicas a través de la presentación de ofertas conjuntas bajo UTE (Unión Temporal de Empresas) o de la no concurrencia en una parte de la licitación a cambio de la posterior participación en dichas actividades; la utilización de las asociaciones sectoriales para implementar el reparto de mercado o para coordinar las actuaciones de las empresas en determinados ámbitos; y las recomendaciones colectivas emitidas por estas asociaciones para persuadir a sus socios acerca del respeto de la práctica concertada de reparto de mercado en su ámbito de actuación".

Las empresas sancionadas actúan en distintos ámbitos del sector de la gestión de residuos y saneamiento urbano: la gestión de residuos industriales (tanto peligrosos como no peligrosos), la recuperación de papel y cartón, y el saneamiento urbano (que incluye la gestión de residuos sólidos urbanos, la limpieza viaria y saneamiento de aguas).

Por lo que se refiere a la actividad de recuperación de papel y cartón, se ha acreditado la existencia de "múltiples contactos bilaterales" entre las empresas del sector, desarrollados en ámbitos geográficos y temporales distintos, y referidos a clientes, condiciones contractuales y precios ofertados, así como a acuerdos y pactos de no agresión entre las empresas implicadas.

FCC y Urbaser, juntas a "toda licitación pública"

Asimismo, se ha acreditado un acuerdo de colaboración entre FCC y Urbaser en 2009 por el cual ambas empresas decidieron acudir conjuntamente a toda licitación pública que se convocase en el territorio nacional para el diseño, construcción y/o explotación de plantas de aprovechamiento energético de residuos sólidos urbanos mediante incineración.

También se han acreditado los acuerdos de Urbaser con LKS Menoska y Asaser en el País Vasco, así como aquél alcanzado entre FCC y Urbaser en 2010 para presentarse conjuntamente a toda licitación pública que se convocase en la provincia de Málaga, posteriormente ampliado a las ciudades de Ceuta y Melilla. Ambas empresas han sido, de hecho, las adjudicatarias en UTE del Plan de Empleo Juvenil licitado por la Ciudad para la limpieza de vertederos y Urbaser tiene la concesión de la planta de transferencia de residuos del Monte Hacho.

Las dos empresas han alegado, en lo relativo a los Acuerdos de licitación conjunta en la provincia de Málaga, Ceuta y Melilla, que los hechos recogidos en este apartado "no constituyen prueba indiciaria de ningún tipo de ilícito". Así, señalan que "es cierto que mantuvieron negociaciones para llegar a un acuerdo para concurrir conjuntamente, pero que finalmente no se implementó". FCC ha justificado estas ofertas conjuntas "por el alto grado de competitividad existente en este mercado, que provoca que haya que licitar de forma conjunta para tener ciertas posibilidades de éxito y para poder asumir un mayor compromiso económico y un reparto del riesgo entre los licitadores adjudicatarios".