Invercap, la empresa promotora del proyecto inmobiliario del Pasaje Fernández, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía contra el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, y el resto de integrantes del Consejo de Gobierno por los presuntos de litos de "prevaricación de forma continuada, estafa, amenaza de daños contra el patrimonio de la empresa y aquellos otros que se deriven de la instrucción".

La sociedad recibió en 2008 "licencia de eficacia diferida" para construir un edificio de viviendas, garajes y trasteros en dicha parcela, obra cuyo proyecto se instó a modificar en 2009. El 1 de marzo de 2010, según el relato cronológico que hace la empresa, la Comisión de Patrimonio acordó que había que conservar los restos arqueológicos hallados en el subsuelo.

"Como consecuencia de ello", el Consejo de Gobierno acordó en marzo de 2011 declarar de utilidad pública parte del solar "a fin de poner en valor los restos hallados y crear un museo". Dos mees después, en mayo, se inició el correspondiente expediente expropiatorio.

Según la empresa, los hallazgos arqueológicos no solo llevaron a la Ciudad a requerir la modificación del proyecto "frustrando gran parte de la ventas de inmuebles ya concertadas a través de contratos privados con particulares" sino también a "ordenar una costosísimas obras para garantizar la conservación y seguridad del perímetro [657.945,99 euros], cuyo coste la Ciudad aceptó asumir con el justiprecio de la expropiación".

"La empresa está acatando de forma escrupulosa lo ordenado en la creencia de que los órganos de gobierno de la Ciudad están cumpliendo con los requisitos legalmente establecidos", prosigue la denuncia, de casi 40 páginas y a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso Ceutaldia.com, que a continuación alerta de que "nada menos que tres años después de iniciado el expediente expropiatorio no se han realizado los trámites para abrir la fase de justiprecio".

"Se ha dejado la vida empresarial de la empresa en una especie de limbo que ha llevado prácticamente a su liquidación por el incumplimiento clamoroso del Consejo de Gobierno de una norma imperativa que debería haber sido observada: la necesidad de contar con la oportuna consignación presupuestaria para afrontar el coste y garantizar el derecho del expropiado", indica.

Invercap dice sentirse "totalmente engañada" y recuerda que durante el año pasado reclamó un informe pericial que cifró en 5,7 millones el importe a recibir de la Ciudad. Igualmente, señala que los técnicos de Urbanismo valoraron en octubre de 2014 en "5,18 millones" los bienes a expropiar, pero su consignación tampoco se efectuó en el Presupuesto para 2015.

"La empresa ha estado dispuesta durante mucho tiempo a alcanzar una solución amistosa confiando plenamente en que las alternativas de las Consejerías de Cultura y de Fomento eran legales y realizables, pero tras el tiempo transcurrido se ha dado cuenta de que eran un ardid urdido para evitar culminar un expediente en el que no había dinero", completa.

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