La coalición Caballas cree que el Gobierno de la Ciudad "se ha convertido en el tercer socio de la empresa Trace". "Más que velar por el interés de Ceuta", ha lamentado la coalición, "exigiendo la prestación del servicio de limpieza rigurosamente, se dedica a cuidar la cuenta de explotación de la concesionaria ideando una y mil maneras de aliviar el trabajo de la empresa para ahorrarle costes y multiplicar beneficios".

Los localistas, que llevan meses en contacto con los técnicos para seguir al detalle la evolución del contrato de limpieza pública y recogida de basuras, ha reprobado este viernes "las evasivas y mentiras del Gobierno" ante su interpelación sobre los servicios que han venido prestando trabajadores de los Planes de Empleo, Colaboración Social y empresas municipales.

"Delatan", a su juicio, "de una manera evidente", lo que "podría ser considerado una malversación de fondos públicos, ya que se paga a trabajadores para hacer un trabajo que ya está financiado mediante un contrato".

No queda ahí la cosa. Según Caballas, "peor es aún el juego de trileros que se traen entre manos Gobierno y empresa concesionaria con la modificación del contrato, una maniobra ya en sí de dudosa legalidad que se fundamentó en la contratación de más personal, ya que según se dijo públicamente no iría ni un solo euro a la cuenta de beneficios de la empresa".

Desde el punto de vista de la coalición "así quedó meridianamente claro en el informe del interventor y en el Decreto del consejero pero ahora, con la modificación firmada, se pretende sustituir el término claro e inequívoco de 'contratación de personal' por el de 'servicios realizados', de palmaria indefinición y nulo control, ya que hace ya mucho tiempo que la Ciudad dejó de controlar el servicio".

"Lo que pretende la empresa, en definitiva", ha resumido el primer grupo de la oposición, "es que los 1,5 millones de euros anuales (12 millones en el total del contrato y 27 si se prorroga) irán íntegramente a los beneficios empresariales". "Si el Gobierno autoriza y paga las certificaciones sin la comprobación fehaciente y rigurosa de la ampliación de la plantilla exigida", ha advertido, "tanto el Gobierno como la empresa tendrán que explicarle al juez en qué se están gastando 1,5 millones de euros de la ceutíes". "La ciudad", ha diagnosticado, "sigue estando hecha un asco".

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