Juventudes Socialistas de Ceuta (JSCE) ha alertado este miércoles, jornada de entrada en vigor de la llamada 'Ley Mordaza', de las “terribles consecuencias para la democracia española que traerá consigo esta ley que sólo ha contado con el apoyo unilateral del Partido Popular”.

Para Ilias Dris, Secretario General de JSCE, la norma "es un atentado aberrante contra la democracia que dinamita los derechos fundamentales con la excusa de la seguridad y, además, genera una indefensión jurídica por su inconcreción y vaguedad” y explica que “es una ley con sanciones desproporcionadas que ponen precio a nuestra libertad y con un único objetivo: intimidar y dificultar el libre ejercicio de derechos ciudadanos”.

En este sentido, según Dris, “libertades como la de manifestación y expresión han costado muchas vidas y sufrimiento para conseguirlas y el PP a golpe de ley nos traslada a una época gris en la que la intimidación y los castigos desproporcionados estaban a la orden del día”.

“Este es el respeto que tienen Mariano Rajoy y el Partido Popular por la ciudadanía española y la democracia de nuestro país, no quiere escucharnos sino amordazarnos y no sólo porque no les importe lo que pensemos o necesitemos sino porque buscan una población sumisa que no se atreva a pensar por sí misma”, ha añadido el socialista.

Finalmente, los jóvenes socialistas concluyen que “los que creemos y queremos un país donde las libertades y los derechos sean los verdaderos pilares de una auténtica democracia no dejaremos que con su ‘mordaza’ conviertan nuestro país en la España de la porra y el miedo”.

La nueva Ley de Seguridad Ciudadana entra en vigor de forma definitiva con 44 conductas motivos de multas de entre 100 y 600.000 euros. Se considera falta grave, por ejemplo, "negarse a disolver reuniones y manifestaciones en lugares de tránsito público cuando lo ordenen las autoridades competentes porque, entre otros supuestos, "se produzcan alteraciones del orden público con peligro para personas o bienes".

Con hasta 600 euros se podrá sancionar la celebración de manifestaciones sin comunicar a las autoridades, cuya responsabilidad corresponderá a los organizadores o "incumplir las restricciones de circulación peatonal o itinerario con ocasión de un acto público cuando provoquen alteraciones menores en el normal desarrollo".