El ex consejero de Vivienda, Antonio López, hoy único imputado en una causa judicial promovida por el Gobierno del que formó parte y que busca esclarecer lo sucedido entorno a una lista de adjudicatarios de las 317 VPO de Loma Colmenar en el diario El Pueblo, habría aportado a la juez que instruye el caso un acta y un listado de 98 nombres como un documento de un único acto administrativo cuando en realidad son dos, según sostiene Caballas.

La documentación aportada a la jueza por López, según defiende la coalición este viernes a través de su página de facebook, consistiría en un listado de 98 nombres de supuestos compromisos para las 317 viviendas de Loma Colmenar. Se trata de un listado que lleva fecha de entrada en el registro de Emvicesa de octubre de 2013 y que no lleva aclaración alguno sobre qué son esos 98 nombres. “Normalmente un listado así suele llevar una hoja antes en la que se explica qué es”, han explicado desde la coalición. En este caso la lista de nombres entra tal cuál y sin mayor explicación en Emvicesa en octubre de 2013. De ser cómo dice Caballas podrían ser adjudicatarios de vivienda o personas a las que enviar una felicitación en su cumpleaños o cualquier otra ocurrencia.

Pero López, grapó la lista a un acta cuyo registro en Emvicesa lleva fecha anterior, febrero de 2013, para presentarla como una especie de anexo. “¿Cómo se puede aprobar en febrero un listado de fecha de octubre?”, se ha preguntado Caballas, que sigue defendiendo cierta manipulación en la documentación aportada por López.

Dicho de otro modo, si es como mantiene Caballas, la Comisión Local de la Vivienda aprobó en febrero un listado que aparece oficialmente ocho meses más tarde.

Caballas sostiene además que “el acta de la Comisión Local de la Vivienda entregada por López a la Jueza no tiene firmada todas sus páginas, por lo que pudo ser manipulada por él mismo, o por algún cómplice, teniendo en cuenta que era él quien manejaba, de manera plenipotenciaria, todos los documentos de la empresa”.

“Todos los datos apuntan a que López hacía y deshacía a su antojo todos los documentos según su propio interés. La versión más creíble es que López expuso en la Comisión la situación de determinados casos de renuncia, y que la Comisión Local estimó como criterio a considerar en el futuro proceso de adjudicación, cuando este se iniciase, la atención a esos posibles compromisos. La inexistencia del listado en febrero, así lo corrobora. Una vez descubiertos los manejos de López, éste para implicar a terceros en una responsabilidad que es única, irregular e intransferible, manipula la documentación y las fechas para “construir un relato con apariencia de verdad para engañar a la jueza”, ha defendido Caballas a través de su página en Facebook este viernes.

En cualquier caso, sea como fuere, la documentación aportada por López como mucho pone en conocimiento de la Comisión Local de la Vivienda más de 90 nombres, pero mucho menos de los 317 publicados. Eso obviando el regreso al futuro que la Comisión Local de la Vivienda habría tenido que realizar en pleno para poder ratificar el listado.

Pero para mayor contrariedad, después del listado que aporta López como definitivo, el propio viceconsejero habría aportado otro acta de julio de 2014 en el que se aprueban criterios generales de baremación de candidatos para justificar que los técnicos de Emvicesa hubieran elaborado un listado de adjudicatarios hasta los 317.

Si bien, en enero de 2015, con López presente en la reunión como consejero delegado de la sociedad municipal Emvicesa, Alí y Román, entre otros, el Consejo de Administración debate sobre cómo desarrollar todo el proceso de adjudicación y se insta a dar pasos en el sentido de actualizar el listado de demandantes de vivienda haciendo público que se va a proceder a esa actualización de demandantes para que las personas interesadas puedan aportar documentación y figurar en el mismo. Ni tan siquiera estaba decidido el método de adjudicación, ya que Caballas pidió en aquella reunión dos cosas que chocan de plano con la versión de López, que no dijo ni pío al escucharlas: 1.- Que se pusiera negro sobre blanco y en conocimiento de la opinión pública cuáles eran los compromisos de Emvicesa con personas remitidas por Servicios Sociales para beneficiarse de una adjudicación en dicha promoción y 2.- que la adjudicación se hiciera por sorteo puro.

Nada de lo debatido y concluido en aquel consejo de Administración se llevo a cabo, puesto que poco después se acordó dejar para después del periodo electoral el proceso entero de adjudicación.

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