Caballas da dos semanas a Vivas para licitar el servicio de monitores de natación o irá al Juzgado


Caballas da dos semanas a Vivas para licitar el servicio de monitores de natación o irá al Juzgado

- Ali cree que la prestación del servicio por parte de 'Arasti Barca' sin licitación ni contrato desde hace más de tres años "rebasa todos los límites comprensibles"

- La situación abre la puerta, según la coalición, a pensar en un "blindaje" de la empresa beneficiada por la ausencia de concurso o hasta en "un delito de alcance contable o malversación de fondos"

El portavoz de Caballas, Mohamed Ali, ha alertado este jueves por escrito al presidente de la Ciudad, Juan Vivas, de que si su Gobierno no licita antes de que termine febrero el servicio de monitores de natación que 'Arasti Barca' lleva prestando y cobrando durante años sin contrato la coalición "pondrá los hechos en conocimiento de la Fiscalía o del Juzgado de guardia para que se proceda a la investigación pertinente y a la exigencia de responsabilidades penales a las que hubiera lugar".

Para los localistas lass condiciones en que se está ofrece el Servicio de Monitores de Natación y Socorristas "ha rebasado todos los límites comprensibles" a la vista de que "se presta por parte de la empresa 'Arasti Barca' desde el mes de octubre del año 2012 sin contar con adjudicación y, en consecuencia, vulnerando el procedimiento legalmente establecido".

El Ejecutivo local ya se ha comprometido hasta en dos ocasiones en el Pleno a sacar la licitación, primero antes de que terminase 2015 y después antes de que concluyese enero de este año. "La actitud del Gobierno resulta, francamente, incomprensible; y abunda en la sospecha de que quizá el Gobierno esté interesado, por razones ocultas, en mantener las cosas como están, aún conociendo que se trata de una flagrante ilegalidad", ha criticado Ali en su misiva al presidente.

En ella, el político abunda en que "la falta de organización y coordinación de los servicios municipales ocasiona que finalicen los contratos sin que se haya promovido el correspondiente procedimiento de renovación, de manera que este desfase se suele cubrir acudiendo a la célebre figura del reconocimiento extrajudicial de deuda”.

Desde su punto de vista "este hecho demuestra claramente la incompetencia del Gobierno aunque no cuestiona, en principio, su honradez". En este caso es distinto porque "el desfase se prolonga ya durante tres años y medio, un plazo muy difícil de explicar que puede derivar en: 1) que se esté blindando a la empresa prestataria del servicio sin adjudicación, impidiendo la libre concurrencia; y 2) que se esté incurriendo en un delito de alcance contable o malversación de fondos, ya que los servicios se están valorando a precios del contrato extinguido en 2012, y como demuestran los hechos, todos los servicios contratados desde esa fecha por el procedimiento de subasta resultan abaratados en porcentajes que oscilan entre el 20% y el 40%".

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