La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) sigue esperando que el Gobierno de la Ciudad mueva ficha ante las alegaciones presentadas por el sindicato el pasado 20 de mayo al reglamento de la Policía Local que cambiaba entre otras cosas para regular la provisión de la polémica plaza de superintendente, vacante desde la jubilación de Ángel Gómez.

El sindicato desliza que el camino que le abre el silencio del Gobierno es el de acudir a los Tribunales de Justicia: “La no contestación por parte del Gobierno a alegaciones, escritos y solicitudes es por desgracia la norma general, lo que nos aboga acudir habitualmente a los tribunales competentes. Un proceso lento, tedioso y costoso”.

Pero un proceso en donde a la vista de las alegaciones presentadas en su día cabe pensar que el sindicato pedirá la nulidad del nuevo reglamento por un defecto de forma. La Ley exige que se realice un proceso de negociación con los representantes de la plantilla, haya o no después acuerdo. Y eso es lo que aducía CSIF en sus alegaciones:

“El texto del Reglamento aprobado inicialmente ha sido elevado al Pleno sin haberle precedido la obligatoria negociación del mismo en Mesa Negociadora”, recogía la primera alegación, que aclaraba que lo que sí hubo fue un grupo de trabajo que debía elaborar propuestas para elevar a una Mesa Negociadora posterior. Se elaboró el documento, pero nunca llegó a negociarse en la mesa. “Habiéndose obviado la negociación previa, el documento aprobado nace viciado de nulidad, por lo que no procede de modo alguno su aprobación definitiva sin antes subsanar dicho defecto”, apuntaba CSIF el pasado mes de mayo.

Para salvar ese obstáculo, el propio CSIF recogía en la alegación que el Gobierno incluyó en el expediente que llevó al Pleno de la Asamblea el borrador del acta de la reunión de la Mesa Negociadora del 27 de enero de este mismo año, si bien, ese borrador deja claro que no se aprueba en la mesa ninguna modificación y a su vez que el acta, es en realidad un borrador que nunca fue presentado ante la Mesa Negociadora para su aprobación, lo que además lo invalida como documento para ser incluido en el expediente a Pleno.

Y reforzaba su tesis planteando jurisprudencia, concretamente una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid: “La negociación colectiva no puede asimilarse a un trámite de audiencia que tiene lugar en cualquier procedimiento administrativo, sino que ha de extenderse a un contenido mucho más pleno en el que la Administración negociante y las propias organizaciones sindicales negociadoras, puedan tener y dar respectivamente sus opiniones y consideraciones en relación con el objetivo de la negociación, intentando, con concesiones mutuas, la búsqueda de un acuerdo (…) Si bien el acuerdo final no es necesario, si lo ha de ser su intento a través de ese proceso negociador, que, insistimos, va más allá de un mero trámite de consultas o de audiencia”.

En la segunda de sus alegaciones presentadas, CSIF insistía en señalar al Gobierno que no había justificado debidamente la exclusión de los funcionarios de grado A2 del proceso selectivo para optar al puesto de superintendente, algo que no pasa en Bomberos.

“En ambos cuerpos (Policía Local y Bomberos) no existe ni un solo agente o miembro que pertenezca al grupo A1 (requisito básico, según el reglamento aprobado por el Gobierno) ya que tal grupo no existe, con excepción del puesto que cambia su configuración –Superintendente- y el de intendente que aun estando vacante no se convoca desde hace décadas. Aclarando que sí existen multitud de agentes con estudios superiores, másters, doctorados, etc”, argumentó el sindicato.

Y por si fuera poco, CSIF cree que la decisión del Ejecutivo tampoco estaba bien justificada ni técnicamente ni jurídicamente.