La FEMP considera que el Gobierno debe aprobar “con la mayor diligencia y celeridad” un Real Decreto que contemple la jubilación anticipada de policías locales, a los 59 años sin penalización en su pensión futura. Esta petición es significativa, teniendo en cuenta que los propios ayuntamientos deberán costear parte del sobrecoste de la cotización. En España hay cerca de 70.000 policías locales, de los cuales 3.200 tienen más de 60 años y 4.000 tienen entre 55 y 60. Se trata por tanto de una plantilla envejecida que se hace preciso renovar con nuevos efectivos.

La FEMP además considera que el Gobierno debe eliminar la tasa de reposición de efectivos (es decir, que se cubran todas las jubilaciones), y establezca medidas compensatorias o bonificaciones por aquellos que, habiendo generado el derecho de poder jubilarse a alcanzar la edad correspondiente, no ejerciten su derecho. Esta petición también es significativa, teniendo en cuenta que el Gobierno previsiblemente prorrogará los presupuestos como consecuencia del bloqueo político y que por tanto, la oferta de empleo público será la misma que la de este año.

Así se lo ha trasladado la dirección de la FEMP a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, después de recabar informes positivos de las Comisiones de Seguridad y de Función Pública, encargadas de este asunto. Estos informes positivos se suman a los de la Seguridad Social, que también avalan la aplicación de los coeficientes reductores para adelantar la edad de jubilación al colectivo de policías locales. “Por tanto, ya es cuestión de voluntad política del Gobierno en funciones aprobar definitivamente el decreto que permita el adelanto a la jubilación”, subrayan desde el sindicato. Tras esta decisión, CSIF considera que la aprobación del adelanto de la edad de jubilación de los policías locales y autonómicos “no tiene ya marcha atrás”, y espera que el Gobierno lo apruebe “de manera inminente”.