El portavoz de Caballas en la Asamblea, Mohamed Ali, ha adelantado este jueves que la coalición elevará una propuesta al Pleno para, siguiendo el modelo legislativo catalán, prohibir los cortes de suministro eléctrico por impago a cualquier familia sin avisar antes a Servicios Sociales para que emita un informe sobre su posible situación de vulnerabilidad. El político localista ha explicado que la iniciativa surge a la vista de lo sucedido en Reus, donde una anciana perdió la vida tras incendiarse su vivienda con la vela que usaba para iluminarse tras haberse quedado sin electricidad.

"No podemos consentir este tipo de casos injustos, ilegales e inmorales ni dejar de actuar para evitar que se repitan en cualquier punto del país y en concreto en Ceuta, donde la Empresa de Alumbrado puede cortar el suministro sin comunicárselo a Servicios Sociales", ha señalado Ali.

El objetivo de Caballas es incorporar esa exigencia "obligatoria" para la comercializadora al Reglamento Regulador de Prestaciones Económicas de Servicios Sociales.

Dicha norma contempla actualmente como "prestaciones de urgente necesidad" las dirigidas a "aquellos que, encontrándose en situación de carencia o déficit de recursos económicos, precisen cubrir las necesidades básicas como la alimentación y los gastos derivados de la economía doméstica, entendiéndose por tales los referidos a la luz y agua".

Para ser beneficiario es necesario "justificar la necesidad para la que se solicita la prestación" y "que sean unidades familiares con ingresos inferiores al IPREM [532,5 euros] mas el 15% del mismo por cada miembro que componga la unidad familiar. A estos efectos, no computará la cuantía que la persona solicitante tenga que pagar en concepto de pensión alimentaria".

En el caso de tratarse de los gastos derivados del consumo de luz y el agua, hay que presentar las facturas correspondientes pendientes de abonar. La cuantía se abona "en el 75% total del coste", pudiéndose incrementar y/o reducir en un 25%, "siempre y cuando se valore y justifique debidamente por el/la profesional en su informe y sin que se pueda superar el límite máximo de 75 euros". La periodicidad de la prestación es determinada por el personal técnico "en función de la situación económica de la unidad familiar, hasta un máximo de seis al año".