“Tras el conocimiento que el MDyC de la intervención de la policía local para la paralización de una obra ilegal, que fue transferida a la Autoridad Portuaria a través de su policía, y ante la imposibilidad de hacerlo directamente en el Consejo de Administración por estar vetados en la composición del mismo, hemos pedido al supuesto máximo responsable de nuestro Ayuntamiento que, al saltarse MAHERSA el Pliego de condiciones generales del contrato firmado entre la Autoridad Portuaria y la adjudicataria, exija al Consejo la apertura del pertinente expediente de caducidad según la cláusula 24 del pliego”.
Desde el MDyC denunciaron recientemente la subida que esta empresa realizaba de sus tarifas a los usuarios de las instalaciones, “al parecer incumpliendo igualmente los pliegos”, y subrayan que la adjudicataria está presidida por el concejal del Partido Popular D. José Manuel Ávila Rivera y cuyo vicepresidente es Aurelio Puya Rivas, “no sólo conocido por su paso por la alcaldía de nuestro pueblo, sino también por su relación familiar con el actual alcalde”, matizan, “cargos que han reelegidos el 17 de febrero de 2016 y que el MDyC desea que esas relaciones no influyan en las decisiones a tomar”.
El MDyC entiende que “la ley debe ser cumplida por todos, pero mucho más por quienes ostentan una representación pública, no es la primera vez que se interrelacionan los negocios privados con los cargos políticos del Desgobierno del Sr. Vivas, y no precisamente para dar ejemplo cívico de comportamiento. Es por ello, que ante la imposibilidad de exigir la apertura de ese expediente por el veto que se mantiene contra nuestra formación en el Puerto, hemos instado al supuesto máximo responsable de nuestro Ayuntamiento que actúe para poder hacer cumplir la ley”.