Las posibles responsabilidades que pudieran derivarse del último campamento de la Ciudad para niños diabéticos, el celebrado durante los últimos días de septiembre del año pasado en el Complejo Rural Miguel de Luque, cuyo servicio médico fue duramente criticado por las familias de los nueve asistentes con entre 9 y 15 años, se dirimirán en el Juzgado y, primero, por la vía penal. El presunto tipo todavía no ha sido precisado, aunque fuentes judiciales han apuntado, como posibilidad, una imprudencia con resultado de lesiones que ahora debe sustentarse o no en los partes médicos que se aporten y las declaraciones que se practiquen.

El Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta ha 'atropellado', de hecho, los cauces administrativos. Su titular ha solicitado con el libramiento de los correspondientes oficios a la Ciudad Autónoma y al Colegio de Médicos que remitan los expedientes abiertos en octubre sobre el caso y ha ofrecido a los perjudicados que propongan acciones.

Al menos la Consejería de Sanidad ha atendido ya el requerimiento judicial y ahora, según han indicado fuentes del departamento que dirige Adela Nieto, estudia paralizar hasta que la Justicia se pronuncie el expediente administrativo, que acaba de cumplir cuatro meses abierto y con el que se había avanzado hasta tener una propuesta provisional de resolución y las alegaciones del doctor Márquez.

A Caballas le parece que el Gobierno de Vivas no ha sido lo diligente que debiera y el diputado Juan Luis Aróstegui ha anunciado que la coalición volverá a llevar el tema al Pleno porque "el Ejecutivo se comprometió a investigar y llegar hasta el final con un asunto muy grave y hasta la fecha lo único que sabemos es que hay un expediente que lleva cuatro meses abierto y que no se ha terminado de resolver no se sabe por qué razón mientras parece que se protege a un particular”.

Según los expertos, en el ámbito médico “lo que se incrimina y puede dar origen a la responsabilidad penal no son los errores de diagnóstico o de ejecución del acto médico debido, al no ser exigible la infalibilidad, siempre que no se aprecie una extrema gravedad atendiendo a las directrices que fija la doctrina científica” sino “la dejación de atenciones o comprobaciones sobre los que aquél ha de asentarse, cuando se acusa la omisión de medidas o prevenciones en relación al cuadro de exigencia básica comúnmente aceptada en el ejercicio y praxis de cualquier especialidad”.

"Negligencia"

La Asociación Ceutí de Diabetes exigió nada más terminar el campamento a la Consejería de Sanidad que “depurase responsabilidades” por una supuesta "negligencia" sobre los responsables del “desarrollo y organización” del campamento, cuyo servicio médico se adjudicó al doctor Juan Antonio Márquez por 2.700 euros.

Según su criterio, no solo se “desoyó” su asesoramiento y su reivindicación de contratar “personal especializado en diabetes” sino que “se aconsejaron malas prácticas como no inyectarse insulina de acción lenta o hacer ejercicio para bajar los niveles”; “no hubo en ningún momento control de las raciones de la comida”; “se proporcionaron alimentos no adecuados como zumos azucarados y se dieron escasos alimentos saludables”; y “no se proporcionaron los controles adecuados durante las horas que tenían establecidas, ni las citadas inyecciones de insulina adecuadas o pautadas para cada persona”.

Así, "durante los días del campamento y posteriores” los niveles de glucosa de los niños participantes fueron “extraordinariamente altos en la mayoría de usuarios a niveles desde 200 hasta 501, frente a los recomendados entre 80-120".

El médico defendió tras verse con Consejería y familias que “en ningún momento se atentó contra la vida de ningún niño ni se puso la vida de los mismo en peligro” y que “a ninguno de ellos se le tuvo que administrar medicación por vía venosa por estar en peligro su vida, sino que sólo se les administró su insulina correspondiente”. “Somos humanitarios y nuestra labor consiste en salvaguardar la salud de nuestros pacientes y tratarlos; es una barbaridad”, rechazó, “que se diga que se puso en riesgo la vida de los niños”.

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