Los abogados del policía portuario y del trabajador naviero detenidos este viernes por la mañana ya habían apuntado a los familiares que esperan en las puertas del juzgado en Sargento Coriat que se pusieran en lo peor y acertaron en su vaticinio. La Jueza, titular del Número Uno de Instrucción, pero que asumió esta causa del Tres, Raquel Luccini, ha decretado prisión incondicional y sin fianza para tres de los detenidos este viernes por el caso de la adjudicación de viviendas públicas. Siguen los pasos de Antonio López a prisión el policía portuario, el trabajador naviero y el supuesto empresario J.E.J.S.

La jueza, que ha salido a comer algo poco antes de las diez de la noche, aún toma declaración a dos trabajadores de Emvicesa. A otros tres: Salva, Teresa y Manolo, los ha dejado en libertad, pero con cargos, se desconoce cuáles.

Mejor suerte han corrido los cinco empleados de la sociedad pública Emvicesa detenidos también este viernes. Para los cinco la jueza ha decretado libertad, aunque pasan a engrosar la lista de investigados, antigua figura del imputado, es decir están formalmente acusados en lo que resta del proceso de instrucción y salvo enmienda por parte de la magistrada en un futuro se sentarán en el banquillo de los acusados, como Susana Román, Rabea Mohamed y Mohamed Alí. De momento se mantiene el secreto de sumario.

Si el miércoles, la jueza ordenaba la detención y puesta a disposición judicial de Susana Román, Rabea Mohamed y Mohamed Alí, que coincidían en comisaría con Antonio López, este viernes le ha tocado el turno al escalón necesario en la trama que trata de esclarecer posibles ilegalidades en la adjudicación de vivienda pública. La jueza ha ordenado la detención de 5 empleados de la sociedad pública y otras tres personas: un trabajador del sector naviero, un agente de la policía portuaria y un supuesto empresario.

Estos tres últimos han sido los primeros en salir en del juzgado y lo han hecho en dirección al a prisión.

En total son ya 12 los detenidos por el caso que investiga posibles ilegalidades en la adjudicación de vivienda pública y que surgió a raíz de la denuncia interpuesta por el propio Gobierno de la Ciudad, la hoy investigada Román, tras la aparición de la conocida como ‘lista fantasma’ de adjudicatarios de las 317 viviendas de Loma Colmenar en un diario. Si bien, todo apunta a que las pesquisas de la jueza van más allá de esta promoción y escudriñan las 170 también en Loma Colmenar, como mínimo.

En las actuaciones policiales llevadas a cabo este viernes está también la incautación de un ordenador en las oficinas de Asuntos Sociales.

La investigación sigue bajo secreto de sumario y nada parece apuntar a que vaya a levantarse en un corto plazo de tiempo. Dado que la magistrada aún no ha tenido tiempo material de estudiar toda la documentación encontrada tanto en los registros del domicilio marbellí de Antonio López, como en el familiar de Ceuta, ni tampoco en las oficinas de Emvicesa o Asuntos Sociales. Algo que con seguridad hará en los próximos días y de lo que habrá que esperar resultados.

El secreto de sumario lleva sobre la investigación desde octubre de 2015, apenas unos meses después de que estallara el asunto y entrara con inmediatez en la vía judicial.

Las detenciones más mediáticas de las dos consejeras, la prisión para el ex gerente de Emvicesa y viceconsejero de Vivienda en su día y la del líder de Caballas, Mohamed Alí, han tenido consecuencias políticas. El temblor ha provocado que toda la oposición en bloque, salvo Caballas, pida la dimisión de Román y Mohamed, y también la del propio Alí, que no ha encontrado respaldo para mantenerse ni en sus socios de Podemos.

El Gobierno ha reconocido que tanto Román como Mohamed han puesto sus cargos a disposición, pero a diferencia de lo que sucediera la pasada legislatura con Mirchandani, en esta ocasión Vivas no ha aceptado las dimisiones y ha optado por mantenerlas en el puesto.

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