José Luis Morales ha repasado esta tarde la sentencia en una rueda de prensa y se felicitó de la decisión tomada por el juez. El consejero ha tenido duras palabras contra la secretaria general de los socialistas, Antonia Palomo, de la que ha dicho "ella sí que tiene despilfarro y descontrol cada vez que habla, está muy nerviosa por el resultado de las encuestas. Lo tiene muy crudo, francamente".

Morales ha calificado la sentencia de "goleada por cinco a cero" a favor del Gobierno local, ya que el juez recoge las cinco alegaciones presentadas por el abogado de la Ciudad, consistentes en la falta de capacidad procesal de la actura, la falta de legitimación activa, la extemporaneidad del recurso, la no existencia de vía de hecho y que no se produjo en ningún momento vulneración de derechos fundamentales.

La sentencia indica en primer lugar que el PSOE no ha acompañando con el recurso los estatutos del partido, algo necesario para las acciones en nombre de un ente colectivo. En segundo lugar se desestima el recurso ya que fue presentado fuera de tiempo, ya que el PSOE pidió al Gobierno que cesase en la supuesta irregularidad el 24 de noviembre de 2005 y no se personó en el Juzgado hasta el 16 de dicimebre, cuando el plazo legal es de diez días. El juez tampoco da legitimación al PSOE para presentarse, ya que el perjudicado concreto no puede ser en ningún caso el partido, sin que pueda utilizarse la invocación de los intereses generales de la colectividad o los afiliados. Morales ha explicado que si el recurso se hubiese presentado en nombre de Antonia Palomo, como ciudadana y diputada de la Asamblea quizás si hubiese gozado de legitimidad, pero nunca como partido polìtico.

El texto de la sentencia  también explica que no se produce vía de hecho, que son actuaciones materiales de las administraciones carentes de cobertura jurídica, ya que según los criteiros de la economía procesal, si se soluciona la cuestión de fondo de la misma manera que se hubiese realizado a priori desaparece la causa de anulabilidad.

Por último, tampoco considera el juez que se atente contra los derechos fundamentales de intimidad, ya que el uso de las cámaras es el del control de tráfico, algo que permite la L.O. 4/97, y que según Morales ya utilizan todas las capitales españolas y la Dirección General de Tráfico.

El consejero de Presidencia ha anunciado que si el Juzgado levanta la medida cautelar el Centro de Control podría comenzar a operar a primeros del mes de noviembre. En caso contrario, la Ciudad estudiaría iniciar la actividad del Centro sin el uso de las videocámaras.