La instalación de cámaras de seguridad en el interio del cuartel de la Policía Local continúa generando polémica. Si primero fue UGT quien denunció este sistema , ahora es Comisiones Obreras la que ha pedido a la Ciudad que aclare si tanto los dispositivos de grabación como la empresa responsable están homologados conforme a la normativa actual sobre videovigilancia.

La sección de Policía Local de CCOO recuerda que en caso de no ser así cualquier grabación quedaría invalidad como prueba en un proceso judicial, así como que las personas grabadas podrían denunciar a la Ciudad ante la Agencia de Protección de Datos, pidiendo sanciones que pueden llegar a los 600.000 euros. Por estos motivos, Comisiones ha pedido el expediente completo de la adquisición y puesta en marcha del sistema, para estudiar posibles irregularidades.

El sindicato afirma que apoya "incondicionalmente" cualquier medida que busque mejorar la seguridad del polifuncional, pero "nunca en detrimento de uno de los derechos más protegidos en nuestra Carta Magna, el derecho a la intimidad". Y es que según Comisiones, las cámaras, con 4 aparatos en el exterior y 16 en el interior, buscan "como intención velada controlar a los funcionarios en el desarrollo de su trabajo, más que su fin principal, la seguridad".

Situación que ha provocado un clima de "indignación" entre los funcionarios, que según el sindicato se podría haber evitado haciéndoles partícipes de la iniciativa a través de sus representantes sindicales. De hecho, CCOO recuerda que la Ciudad está obligada a comunicar en qué casos las grabaciones serán revisadas por la Administración local y en cuales se entregarán a la autoridad judicial.

Toda una serie de dudas y suspicacias de las que el sindicato culpa directamente al presidente de la Ciudad y al jefe accidental de la Policía Local.