El Gobierno del Partido Popular, encabezado por Juan Vivas, ha protagonizado una de las páginas más tristes y desafortunadas de la Historia de la democracia reciente en esta ciudad. Una actitud incomprensible y carente por completo de motivos lógicos y razonados ha llevado a los 19 diputados del PP a negarse a condenar una actividad tan deleznable como el espionaje ilegal a civiles por parte de la Inteligencia militar. El posicionamiento del Gobierno, que intentó defender la portavoz Yolanda Bel de forma atropellada y altanera, sin éxito alguno, no es concebible ni mucho menos aceptable en el seno de una sociedad democrática.

Porque es difícil comprender que el Gobierno de Juan Vivas no haya querido mostrar su profundo rechazo a una actividad repulsiva como ésta, más que demostrada y reconocida por el Ministerio de Defensa. Los oscuros y auténticos motivos que han llevado a esta situación sólo son conocidos dentro de la propia sede popular y, por un ejercicio de sana higiene democrática, deben salir a la luz. Los mejor intencionados pueden pensar en el temor a la pérdida de votos en el estamento militar, aquellos con una mente más enrevesada, o lúcida, elucubran hipótesis que harían resquebrajar los propios cimientos del partido. Lo único claro y real hasta el momento es el hecho constatable de que el PP no ha condenado el espionaje. El espionaje, que no el Ejército o la Comandancia, como se cansó de repetir el portavoz de la UDCE.

Es cierto que el PSOE también votó en contra, pero al menos intentó llegar a un acuerdo, con la intención de limpiar el nombre del Gobierno de Rodríguez Zapatero. Algunos podrían acusar a la UDCE de no querer buscar un consenso para esta propuesta, pero  como explicó el propio Alí, ante la negativa del PP seguir dando vueltas a la cuestión era una pérdida de tiempo.

El Gobierno de Juan Vivas ha mostrado sus cartas. Desde ayer queda una cosa clara, y es que los ciudadanos de Ceuta pueden haber perdido la confianza en las instituciones, en las que recordemos depositan su derecho a la seguridad jurídica, personal y democrática. El Gobierno carga ya con el peso de la vergüenza. 

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