Las últimas negociaciones del Ejecutivo local con el de Rajoy han dado fruto. El Grupo Parlamentario Popular blindará la capacidad de autogobierno de la Ciudad Autónoma con las enmiendas que ha formulado al articulado del Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Si su redacción sale de las Cortes como quieren los de Rajoy, algo más que previsible teniendo en cuenta su mayoría parlamentaria, el nuevo marco legal establecerá explícitamente que "la organización y funcionamiento de las instituciones de Gobierno de las Ciudades de Ceuta y Melilla" se regularán de acuerdo con lo previsto en sus Estatutos de Autonomía "y por las normas de desarrollo dictadas en virtud de la potestad reglamentaria de sus respectivas Asambleas, no rigiéndose, en el citado ámbito, por lo dispuesto en la normativa de régimen local".

La modificación se fundamenta, según el PP, "en la necesidad de diferenciar el peculiar régimen organizativo y de funcionamiento de las instituciones de las Ciudades de Ceuta y Melilla, respecto al que tienen los municipios, tanto los de régimen común como los de gran población, contemplado en la normativa de régimen local". De esta forma, el Ejecutivo de Vivas, que tiene en fase de estudio o promesa los nuevos Reglamentos de la Asamblea y del Gobierno de la Ciudad, no sufrirá nuevos revolcones judiciales por casos como los de los nombramientos de altos cargos como José Diestro, Carolina Pérez, Manuel Coronado y Adelaida Álvarez. 

La enmienda del PP al texto original va, no obstante, más allá, según ha explicado el diputado nacional por Ceuta, Francisco Márquez, en declaraciones a Ceutaldia.com. Atendiendo las múltiples vías de financiación de las dos Ciudades (que además de recursos propios de los entes locales reciben otros autonómicos que son exclusivos de las Comunidades, del Fondo de Compensación Interterritorial, ingresos por transferencias y del Fondo de suficiencia), el nuevo articulado apunta que ambas podrán "determinar la forma de gestión de los servicios públicos con respeto a los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, plurianualidad, transparencia, responsabilidad, lealtad institucional y eficacia en el uso de los recursos públicos, de acuerdo a lo establecido en la presente ley y demás normativa estatal que les resulte de aplicación".

Además, los Populares quieren introducir otro artículo en la Disposición Adicional Tercera del texto aprobado por el Consejo de Ministros para establecer que "las Ciudades de Ceuta y Melilla podrán llevar a cabo actuaciones de cooperación con relación a materias que sean competencia del Estado, suscribiendo, a tal efecto, los correspondientes Convenios de Colaboración".

"Asimismo, ambas Ciudades y la Administración General del Estado podrán celebrar Convenios de Colaboración referidos a competencias estatutariamente asumidas en virtud de los respectivos Estatutos de Autonomía", añade.

Para terminar, el PP propone que la nueva Ley deje claro que "las normas de eficacia general" dictadas por las Asambleas de Ceuta y Melilla "en el ejercicio de la potestad normativa reglamentaria que disponen para el desarrollo de las competencias" de administración, inspección y sanción sobre Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda se lleva a cabo "sin que sea necesaria una norma estatal específica previa”.

Así se busca "concretar y aclarar uno de los caracteres básicos de la singular potestad normativa reglamentaria 'ad extra' sobre las competencias autonómicas recogidas en el Estatuto".

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