El sindicato UGT a través de su Federación de Servicios Públicos también ha puesto el grito en el cielo por la intención de Ingesa de implantar modelos de gestión privada en los hospitales de Ceuta y Melilla. Y además aporta a la polémica dos puntos de vista novedosos.

Apunta el sindicato que “el Sistema Nacional de Salud cuenta con medios propios para llevar a cabo los análisis de situación pertinentes, por lo que considera un despropósito la contratación de una empresa externa para tales fines, máxime cuando la honestidad del responsable de esta empresa ha sido puesta en entredicho por la justicia”, ha manifestado refiriéndose al ex consejero de Sanidad en Madrid, Manuel Lamela, imputado por asuntos derivados de la privatización de la sanidad en Madrid.

Y de otro lado, recuerda UGT que “La guía de contratación y competencia a los procesos de licitación para la provisión de la sanidad pública en España señala como criterio fundamental en la adjudicación de contratos asegurar la calidad en la atención al paciente y, para ello, ‘habría que conseguir un equilibrio entre la competencia en la variable precio-calidad del servicio".

Suma de ese modo UGT su voz a la oleada de críticas a la contratación con dos empresas privadas por parte del Ingesa para "la asistencia técnica para la definición de un nuevo modelo de gestión clínica y su implantación" en los hospitales Comarcal de Melilla y Universitario de Ceuta.

Hospitales que recuerda el sindicato son los únicos en todo el país que dependen de forma directa de la gestión del Ministerio de Sanidad y no de las distintas autonomías.

De acuerdo al pliego de condiciones del contrato, la intención del Ministerio de Sanidad es implantar en los hospitales de Ceuta y Melilla las llamadas Unidades de Gestión Clínica: pequeñas "microempresas" dentro de los centros sanitarios públicos dotadas de entidad jurídica propia. Departamentos que podrán administrar su propio presupuesto y que contarán con personal regulado por el régimen laboral de las empresas privadas, sometido a un sistema de incentivos en función de criterios de eficiencia, apunta UGT en su relato.

FSP-UGT se ha manifestado en numerosas ocasiones contra estos modelos de gestión que priman los intereses empresariales por encima de la atención al ciudadano y los derechos de los trabajadores. El sindicato pide al Ministerio que le informe de estas decisiones y que active de una vez por todas la negociación colectiva, que es la herramienta democrática en cuyo marco se han de tomar las decisiones de este calado.