La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha exigido este martes la retirada de las alambradas equipadas con cuchillas en las vallas que separan Marruecos de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y ha recordado que gran parte de las personas que tratan de llegar a España por esta vía son susceptibles de recibir protección internacional.

La organización considera que este tipo de dispositivo es "inhumano y contrario al Estado de Derecho por atentar contra la integridad física y los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas, además de ratarse de una medida inútil que no disuadirá de los saltos a la valla, fruto de la desesperación, y que sólo contribuirá a aumentar el dolor y el sufrimiento".

"Esta medida no sólo es contraria a la Convención Europea de Derechos Humanos por la que vela el Consejo de Europa, sino también contraria a la propia Constitución Española, que en su artículo 15 vela por el derecho a la vida y a la integridad física y moral de las personas, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes", ha señalado CEAR.

La organización incide en que las fronteras "no pueden ser espacios sin ley ajenos al Estado de Derecho y a la protección de los derechos humanos, mientras que las políticas de gestión de los flujos migratorios deben cambiar su orientación exclusivamente coercitiva y disuasoria en favor de medidas más efectivas de cooperación al desarrollo y defensa de los derechos humanos en los países de tránsito y origen".

 

"El valor de la hospitalidad"

El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) también ha defendido que se utilicen "estándares democráticos en los controles de frontera" porque "el espacio fronterizo no puede ser una negación del espacio de libertad, justicia y seguridad que proclama ser la Unión Europea". El SJM-España ha pedido al Ministerio del Interior su retirada "uniéndose a tantas voces de la sociedad civil, como ha hecho también la Conferencia Episcopal Española".

Igualmente, ha instado a la sociedad a incorporar "el valor de la hospitalidad" y a "rechazar la concepción del inmigrante como un peligro". Ello implica, según su criterio, "no poner en riesgo directo la vida de quienes intentan entrar en territorio español por más que sea fuera de los pasos fronterizos habilitados y al margen del procedimiento administrativo establecido".

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