El diputado nacional por Ceuta, Francisco Márquez, ha sido protagonista este martes en la Sesión Plenaria que ha servido para aprobar en el Congreso, con los votos a favor de CiU y PNV, la nueva Ley de Seguridad Privada, que ahora será remitida al Senado. El texto ha sido rechazado por la oposición del PSOE, UPyD e Izquierda Plural, que denuncian que "avanza en la privatización del sector de la Seguridad". Los socialistas han acusado incluso al PP de "abrir la puerta a que los vigilantes de seguridad privados puedan identificar, cachear y detener a los ciudadanos en la vía pública".

Márquez ha defendido que su partido ha aceptado enmiendas de todos los grupos y que esta Ley no pretende primar la seguridad privada sino lograr "un modelo de seguridad integral" por lo que cree que va a tener buena acogida entre los profesionales del sector.

Además, ha admitido que se amplían las competencias de los vigilantes de la seguridad privada en el perímetro de edificios públicos o centros comerciales abiertos, pero ha vuelto a rechazar que esto "responda a un intento de privatizar nada".

Según ha dicho, "no es coherente" enviar vigilantes privados a defender los barcos en el Índico "y decir sentirse inseguro porque un vigilante en la entrada de un centro comercial pueda identificar a un ciudadano que pueda suponer una amenaza para el resto de ciudadanos".

{mosimage} Los socialistas basan sus críticas en la redacción del artículo 32 de la Ley sobre 'Vigilantes de seguridad y su especialidad' en la que se recogen las funciones de los vigilantes. Entre ellas se contempla la vigilancia en establecimientos, bienes, lugares y eventos, tanto privados como públicos, 'llevando a cabo las comprobaciones, registros y prevenciones necesarias para el cumplimiento de su misión'. El PSOE opina que esa alusión a los "registros" abre la puerta que los ciudadanos puedan ser cacheados.

En ese mismo artículo se otorga a los vigilantes la potestad de 'efectuar controles de identidad, de objetos personales, paquetería, mercancías o vehículos, incluido el interior de éstos, en el acceso o en el interior de inmuebles o propiedades donde presten servicio, sin que, en ningún caso, puedan retener la documentación personal, pero sí impedir el acceso a dichos inmuebles o propiedades'.

"Ataque al Estado Social", según el PSOE

En cuanto a la posibilidad de practicar detenciones por parte de los vigilantes de seguridad, la Ley aprobada dice que 'en relación con el objeto de su protección o de su actuación" pueden "detener y poner inmediatamente a disposición de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes a los delincuentes'. 'No podrán proceder al interrogatorio de aquéllos, si bien no se considerará como tal la averiguación, comprobación o anotación de sus datos personales para su comunicación a las autoridades', añade el artículo.

El portavoz de Interior del PSOE, Antonio Trevín, ha tachado estas medidas de "un ataque al Estado Social" perpetrado por el acuerdo alcanzado por el PP y CiU en el trámite parlamentario de esta Ley ya que, según denuncian, el proyecto original tan solo contemplaba estas competencias de los vigilantes privados en calles peatonales mientras que, según dicen, ahora podrán hacerlo también en calles y espacios públicos.

"Unos podrán ser disueltos e identificados por la Policía en la Puerta del Sol y ser sancionados en virtud de la ley de Seguridad Ciudadana y los que opten por salir por pies por la calle Preciados, podrán ser detenidos por vigilantes de seguridad privada con el mismo fin", ha comparado tras censurar que las empresas de seguridad privada vayan sustituir a la Guardia Civil a la hora de controlar el perímetro de las cárceles o a Protección Civil ante desastres naturales.