Los delitos contra la ordenación del territorio se introdujeron en la reforma del Código Penal del 95 y tienen su base legal en la propia Constitución española, que obliga a la protección de la ordenación del territorio, en la medida que mejora la calidad de vida de los ciudadanos, corrige los desequilibrios territoriales y, accesoriamente, ayuda a la defensa de los recursos naturales y del medio ambiente. Por un lado castiga a los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo construcciones que no estén debidamente autorizadas. Por otro, también castiga a las autoridades o funcionaros públicos que, a sabiendas de su injusticia, informen favorablemente proyectos de edificación o concesión de licencias contrarias a las normas urbanísticas, o a Sentencias firmes, o resuelvan o voten a favor de su concesión.

Tanto en uno como en otro caso se exige que la conducta sea dolosa, es decir, que se tenga conocimiento y voluntad de realizar un acto antijurídico. Por ejemplo, si mediante procedimientos torticeros se adoptan acuerdos con la finalidad de eludir el cumplimiento de una Sentencia judicial. Y se castigan con diversas penas, como la prisión de seis meses a tres años, la multa de doce a veinticuatro meses y la inhabilitación especial para profesión y oficio de seis meses a tres años. Tratándose de funcionarios, produce, también, la privación definitiva del empleo o cargo público. Y además, podrá generar un concurso de delitos con el de prevaricación, si con posterioridad se dicta una resolución arbitraria. En el caso de la Manzana del Revellín, por las informaciones publicadas, por los documentos que ya se conocen, y por otros que seguramente se conocerán en el futuro, creo que se van a poder reunir las evidencias suficientes como para que alguien pueda ejercer algún tipo de acción popular ante los Tribunales de justicia, al objeto de que se dilucide si se dan los elementos necesarios para tipificar esta conducta como delito contra la ordenación del territorio.

Pero es que además de lo anterior, el traslado del mercado de abastos a los sótanos del edificio cultural de Álvaro Siza, podría originar un grave problema de higiene y seguridad en el trabajo, también denunciable ante los Tribunales y ante las Inspecciones sanitarias y laborales correspondientes. Y tampoco habría que olvidar que si se modifica uno de los edificios proyectados, se provocaría un menoscabo importante en una obra maestra de la arquitectura moderna, hasta el punto de hacerle perder gran parte de su valor artístico y cultural, lo cual podría originar demandas millonarias de responsabilidad civil si alguien, por ejemplo su autor, se viera perjudicado en su fama, o en su prestigio profesional, por actuaciones, además de imprudentes, no previstas en el contrato.

Hace años viví una experiencia urbanística similar en una pequeña localidad de Andalucía. En aquél caso, un grupo de especuladores, como los de aquí, pretendían hacer una inmensa urbanización en un terreno protegido por la legislación medioambiental. Tan grande, como que quintuplicaba la población del municipio. Se constituyó una pequeña plataforma ciudadana, que poco a poco fue creciendo y haciendo planteamientos realistas y audaces. El resultado final fue que el pueblo expulsó al Alcalde (en aquél caso del Partido Socialista), que se cambió el planeamiento urbanístico, y que no pudieron construir en estos terrenos protegidos. Y aunque nadie fue a la cárcel, ni hubo funcionarios inhabilitados, algunos pagaron, y caro, su atrevimiento. Esto es lo que podría ocurrir ahora si nuestros gobernantes locales persisten en su empeño de reconvertir un edificio cultural en un mercado de abastos. Y es que actuar en contra de la voluntad popular acaba pagándose.