Entendiendo el poder como ese conjunto de relaciones, costumbres, procedimientos e intereses que terminan provocando que en lugar de ser los Parlamentos escogidos las estructuras que lleven las riendas del futuro de los pueblos, esta tarea recaiga en una serie de organismos privados sin ningún tipo de legitimidad democrática.

Así las cosas, asumiendo que el verdadero poder -el poder económico-, no sale de las urnas, un Gobierno puede asumir dos roles: 1) Defender los intereses del poder. 2) Enfrentarse a tal poder y defender los intereses de la ciudadanía, esto eso, erigirse en un contrapoder.

La experiencia histórica nos deja constancia de que aquellos que de verdad mandan jamás han asumido de manera deportiva y democrática la posibilidad de que un Ejecutivo haya podido ser ocupado por aquellos partidarios de la segunda opción. Los ejemplos durante el siglo XX son múltiples. Los fascismos de entreguerras, el franquismo nacionalcatólico o las brutales dictaduras latinoamericanas que asolaron la región durante varias décadas son algunos casos extremos, lo que Santiago Alba Rico ha llamado la “pedagogía del millón de muertos”: ante el peligro de perder el gobierno, es decir, ante la posibilidad de legislaciones en contra de sus intereses, el gobierno del dinero, el poder, da un golpe encima de la mesa, instaura un régimen de terror en el que reprime, tortura y asesina a sus anchas durante años y, posteriormente, cuando ya no hay peligro, deja votar a los supervivientes, unos supervivientes que ya saben que no tienen que “equivocarse” cuando voten. En España, el “No te metas en política” aun domina la conciencia de muchos mayores. Y no tan mayores.

Afortunadamente, hoy no estamos en esas. Múltiples y diversos factores hacen que la posibilidad de algo parecido en los tiempos actuales y en Europa Occidental sea prácticamente imposible. Pero eso no quiere decir que debamos olvidar el fin último de todas aquellas medidas de terror: la conservación de un orden económico injusto. Un orden económico, un poder, que durante muchos años se ha sentido cómodo en nuestro país bajo la alternancia en el Gobierno de dos partidos políticos en nómina, pero cuya situación cambia tras la crisis económica de 2008. Las conquistas sociales ganadas gracias a las luchas de los de abajo (derecho a un empleo digno, a vivienda, a pensión, a Sanidad, a Educación, etc.) sufren una ofensiva dirigida a erradicar lo que conocemos como Estado de Bienestar y a retrotraernos a épocas pasadas, todo ello, paradójicamente, bajo consignas modernizantes. Debido a este contexto, en el último año hemos asistido a algo histórico: los peores resultados en la historia del PP y el PSOE y la aparición de Podemos. El descenso de quienes defienden la actual situación de servilismo y el ascenso de una nueva fuerza que propone lo contrario: defender los derechos sociales conquistados ante los poderes no sometidos a las elecciones.

Después de que Podemos irrumpiera con cinco escaños en el Parlamento Europeo y comenzase a escalar en las encuestas de intención de voto, el poder reaccionó: si PP y PSOE no eran suficiente, habría que hacer algo más. El director del Banco Sabadell, Josep Oliu, fue bastante explícito: “Necesitamos un Podemos de derechas”. Albert Rivera es su hombre. Ciudadanos es su herramienta. Las propuestas económicas del partido naranja, dirigidas por Luis Garicano, reputado economista liberal (es decir, partidario de privatizar), sus lazos con FEDEA (el “lobby” de las empresas del IBEX) y su actuación durante ocho años en el Parlament de Cataluña dejan en evidencia que Ciudadanos no representa un cambio, sino una perpetuación de lo mismo con un barniz diferente, más joven, pero igual de viejo.

Hoy por hoy, en nuestro país siguen existiendo las dos opciones citadas al principio de este escrito: que los gobiernos sirvan al poder o que se conviertan en contrapoderes. Partido Popular, PSOE y Ciudadanos representan la primera opción. A nivel nacional y autonómico, es Podemos la fuerza política que puede protagonizar el cambio. A nivel municipal, este papel lo pueden ocupar diversas candidaturas municipalistas y partidos políticos localistas formados por ciudadanos y ciudadanas con años de lucha a sus espaldas. Porque al contrario de lo que piensa Albert Rivera, construir democracia no es sólo cosa de jóvenes. Él es el mejor ejemplo.

Debo confesar que durante semanas he evitado hablar de Ciudadanos, pero su ascenso en las encuestas hace obligatorio reconocer que el poder ya no dispone de dos formaciones, sino de tres. Hace unos días, leía en un periódico local un artículo que sostenía que el hecho de que Podemos atacase a Ciudadanos convertía a Podemos en aquello a lo que combatía. Un error de apreciación de quien se queda en lo superfluo y confunde continente con contenido. Si Podemos, durante este largo año, ha protestado ante los ataques vertidos desde las formaciones dinásticas y diferentes medios de comunicación ha sido porque tales ataques se fundamentaban y fundamentan en la mentira. Lo repugnante en política, lo que debe ser algo de la “vieja política”, no es que se ataque al adversario, sino mentir. Pablo Echenique, candidato a la Presidencia de Aragón por Podemos, lo expresaba bien con la siguiente afirmación: “La diferencia entre Esperanza Aguirre llamándonos ETA y Pablo Iglesias llamándoles ladrones es que lo primero es mentira y los segundo es verdad”. Decir que Vicenç Navarro, uno de los dos economistas que elaboró el programa-marco de Podemos, desea volver a la peseta o que Podemos quiere convertir España en Venezuela, ambas afirmaciones de Albert Rivera, es mentir. Decir que Ciudadanos, al igual que el PP, le resulta simpático a los poderes económicosy que Rivera representa una operación lampedusiana es decir la verdad. Esa es la diferencia.