No es casual que durante tanto tiempo Venezuela haya ocupado portadas de periódicos españoles y horas y horas de televisión nacional. A Felipe González y a José María Aznar no les interesan las violaciones de Derechos Humanos en Marruecos ni las atroces salvajadas con rango de ley que imperan en países como Arabia Saudí. No conocemos el nombre del Presidente de nuestra vecina Portugal, pero sabemos hasta lo que desayuna Nicolás Maduro.

En los últimos días, Venezuela importa un poco menos. Con la conformación de ayuntamientos del cambio en nuestro país, el adversario ha asumido un objetivo: crear polémicas artificiales e infladas para desprestigiar a los nuevos representantes electos. Lo que está pasando en Madrid es paradigmático. Ni dos días de ventaja le han dado al equipo de Manuela Carmena, cuyo primer Concejal de Cultura, Guillermo Zapata, ha tenido que dejar dicho cargo por la publicación en twitter de chistes de dudoso gusto en 2011. En la España de la corrupción, el saqueo, las tramas mafiosas, los plasmas, las mentiras y las políticas antisociales, los concejales de Ahora Madrid tienen que dimitir por haber metido la pata en una red social hace cuatro años, cuando ni siquiera eran cargos públicos. No basta con pedir disculpas. Eso sólo sirve si te vas a matar elefantes a Botswana.

Ahora, a quien se le pide la dimisión es a Rita Maestre, portavoz del Gabinete de Carmena. Como ha escrito el periodista Javier Gallego: “Era muy ingenuo pensar que la dimisión de Zapata amansaría a las fieras. Los tiburones, al olor de la sangre, se excitan”. Resulta obvio que los poderes fácticos han hecho los deberes y, a día de hoy, tienen un dossier completo sobre la vida y obra de cada “subversivo”, con detalles que abarcan desde el petazetas robado al kiosco en tercer curso hasta las multas por aparcar en doble fila, pasando por algún novillo de adolescencia.

Algunos dirán que lo de Maestre es grave. Al fin y al cabo, existe una imputación. Sí, una imputación por haber participado en una protesta estudiantil por la laicidad de la Universidad Pública y en contra del tratamiento machista de la Iglesia Católica hacia las mujeres. Quienes dicen que “una imputación es una imputación” sólo pueden estar obedeciendo a intereses partidistas y mezquinos, amén de defender una visión dogmática y totalitaria del derecho y la democracia. No, no todas las imputaciones son iguales y, por tanto, no todas las imputaciones merecen la misma consideración moral, que es lo que debería valorarse a la hora de exigir dimisiones. Nadie en su sano juicio puede defender la irrelevancia del motivo de una imputación. Nadie en su sano juicio puede defender que, a efectos de asumir responsabilidades políticas, sea lo mismo estar imputado por robar al resto de ciudadanos que estarlo por participar en una protesta, independientemente de la opinión moral que cada uno pueda tener acerca de las formas de dicho acto: que a usted le moleste que hace algunos años unos activistas interrumpieran una misa es legítimo. Que usted pretenda exigir que una persona dimita porque hace algunos años interrumpió una misa es otra cosa.

Rita Maestre no tiene nada de lo que avergonzarse. Más al contrario, merece admiración, pues pudiendo ir a lo suyo decidió dar la cara por una causa justa por la que acabó siendo imputada, del mismo modo que muchos demócratas pasaron por las cárceles para que hoy podamos disfrutar de los derechos que, aquellos que atacan a Rita, nos reducen diariamente. Mientras que, probablemente, los jóvenes de las Nuevas Generaciones del Partido Popular jamás hayan tenido problemas de este tipo porque los derechos colectivos suelen importarles un bledo, las biografías políticas de los nuevos concejales de ayuntamientos como los de Madrid, Barcelona, Cádiz o Zaragoza están marcadas por el compromiso y la militancia. No es sólo que Rita Maestre no deba dimitir; es que Rita Maestre es un ejemplo de ciudadanía.