Me gustaría saber donde está el Defensor del Pueblo, cuando de lo que se trata es de exigir a la colonia británica de Gibraltar que empadronen a los trabajadores españoles que durante años vienen trabajando en ella. Es evidente que con eso no se atreve, primero porque a los ingleses les importa más bien poco lo que diga ese señor y segundo porque sabe que sería tiempo perdido y que nadie le haría el más mínimo caso.

Pero esto es España y aquí desde hace mucho tiempo que tragamos con todo, incluso con las exigencias de aquellas instituciones que teóricamente se crean para defender en sus derechos a todos los españoles y lo que acaban haciendo es precisamente abanderando los de aquellos que los quieren conculcar.

Es hora de decir basta, es más ya tendríamos que haberlo dicho desde hace mucho tiempo, cosa que habría pasado si en Ceuta hubiese políticos interesados en defender nuestra identidad y derechos como pueblo, y no como los que hemos tenido y tenemos, más interesados en conservar sus prebendas y llenarse los bolsillos en cuanto pueden que en defender la integridad y un futuro para esta ciudad.

Al final el resultado siempre es el mismo y los mismos quienes sufran las consecuencias, ni más ni menos que todos esos ciudadanos de a pie que deben soportar a diario la presencia masificada de personas que no respetan más norma o ley que la que les interesa, que edifican donde les da la real gana, sin molestarse en adquirir previamente la propiedad del terrero o que se pasan las mínimas normas de convivencia por los forros de sus vestimentas. Y todavía se tiene que desayunar uno, que salga el Consejero de Fomento y diga que no tiene aún ni idea de quién es el tipo que anda levantado un edificio ilegal de ni más ni menos que siete plantas.

Esto no se puede consentir y si se permite habrá que perseguir a ese que, teniendo la responsabilidad, no cumple con sus obligaciones. Estos podrán intentar argumentar que no cuentan con el personal suficiente para el correcto de sus funciones y posiblemente sea cierto, pero el "caos" que existe en urbanismo bajo ningún concepto puede ser responsabilidad de los técnicos, sino de los políticos y de esta circunstancia se aprovechan precisamente esos que andan cometiendo todo tipo de tropelías urbanísticas.

Basta con observar todo lo que se ha permitido en Arcos Quebrados, tan solo habría que solicitar los expedientes de edificabilidad para darse cuenta de la magnitud del problema que algunos han generado y otros consentido. De hecho sería interesante conocer como la cantidad de construcciones edificadas en esa zona, han conseguido contar con suministro de luz y agua, cuando el requisito para ello es presentar la correspondiente cédula de habitabilidad. Habrá que investigar en profundidad todo este asunto y pedir las pertinentes explicaciones tanto a Acemsa como a la Empresa del Alumbrado, pues seguro que en este asunto como en mucho otros si miramos debajo de la alfombra nos podemos llevar más de una desagradable sorpresa.