Vaya por delante mi aprobación a la libre elección de centro: pero para todos.

Los requisitos que establece la Orden de admisión de alumnos están recogidos en la Orden ECD/724/2015 de 22 de abril y, a simple vista, las irregularidades cometidas o permitidas por el director provincial del MECD, León Bendayán, y la Comisión Permanente de Escolarización son las siguientes:

- Que la Comisión Permanente de Escolarización atienda solicitudes presentadas en periodo ordinario, que solo puede hacer el Pleno de la Comisión

- Aumentar la ratio de forma interesada para cambiar de centro a ciertos alumnos que ya tenían plaza adjudicada en un colegio que no era del gusto de sus progenitores

- No respetar el criterio de la comisión que, para el curso 2015-2016, fijó la ratio en 25 alumnos de 3 años por aula, modificando en 'petit comité' lo acordado

Resulta una falacia la afirmación de León Bendayán cuando refiere "la asimetría existente en las listas de espera en la zona Centro y Sardinero". Pues no es la asimetría de estas zonas la que ha provocado el aumento de ratio en un 10%, sino la presión de algunos padres que, siendo de estas zonas, se les adjudicó colegio fuera de ellas, asunto que por cierto le ha sucedido a un gran número de alumnos de todas las zonas.

No comprendo cómo el director provincial se compadece de los niños de las listas de espera del Centro y el Sardinero y no lo hace con los que seguramente tendrán menos medios para desplazarse, como los 19 alumnos del CEIP García Lorca o los 45 del Centro Concertado Severo Ochoa que no han podido conseguir plaza en estos colegios.

Por facilitar algúnd ato que clarifique la situación, la lista de espera del 'San Agustín' era de 10 alumnos y se le aumenta un 10%. Lo único cierto es que solicitantes de plazas en los colegios citados no han conseguido que se les aumente la ratio: será porque no son nietos de antiguos políticos, ni de dueño de prensa local, ni hijo de funcionario judicial...

Desde la Secretaría de Privada Concertada de FETE-UGT lamentamos y denunciamos públicamente las irregularidades cometidas, así como manifestamos una frontal posición de repulsa ante los abanderados de la legalidad en los procesos de escolarización: el secretario general de CCOO, el presidente de la FAMPA o el nuevo inspector jefe de la Dirección Provincial, todos ellos siempre defensores del principio de legalidad en el proceso de escolarización, ahora debe ser que no.

El nuevo director lleva un mes en el cargo y ya retuerce los reglamentos para atender peticiones muy personales. Mal empezamos.