Loma Colmenar: legalidad, transparencia y justicia frente a medias verdades y otras mentiras
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12 julio 2015 14:51 h.
Mucho se ha hablado –y se seguirá hablando– estos días de la promoción de 317 viviendas de protección oficial en Loma Colmenar. Pero pese a la multitud de voces ha sido difícil encontrar alguna que lo hiciera desde la búsqueda de la objetividad y el interés general. Por este motivo, para responder a las visiones subjetivas, a las medias verdades y a las mentiras y, sobre todo, para que el ciudadano, y en particular todos los demandantes de vivienda, sepan qué ha hecho su Gobierno, me he decidido a escribir este artículo.
En primer lugar, y aunque el Gobierno ha sido claro desde el primer minuto, vayamos a la génesis del caso: la publicación en un medio de comunicación de una relación de nombres que se presentaban como los adjudicatarios de la promoción. Jurídicamente resulta imposible otorgar valor alguno a esta relación, puesto que ya no es que el procedimiento no hay sido legal, sino que no podemos hablar ni tan siquiera de procedimiento. No hubo convocatoria, no hay constancia de que se haya efectuado una baremación de entre los solicitantes, no existe resolución de adjudicación y no se conoce que se haya realizado la preceptiva comprobación de los datos. De las acusaciones sin fundamento a la confianza ciega
Llegados a este punto, hay quienes dicen que se comprueben los datos de los nombres que aparecen en la lista y que se le dé la vivienda a quienes los cumplan, pero nadie que vea el caso con la más mínima objetividad puede ni tan siquiera plantearse esa posibilidad, puesto que sería tanto como otorgar un derecho preferencial sin motivo que lo justificara. Es una propuesta insostenible desde el punto de vista legal y desde el mero sentido común. Y los partidos que abogan por esta solución deberán explicarnos si simplemente están tratando de ganarse el voto de las personas de la lista y hacer daño al Gobierno, o si hay algún otro motivo oculto que les mueve a defender semejante aberración jurídica. De otra manera no se puede entender que a la oposición le pueda no solo parecer bien sino hasta defender que la Administración tenga (supuestamente) en marcha un proceso y que se lo oculte, tanto en su calidad de diputados como de miembros de la Comisión Local de Vivienda.
Especialmente curioso es que lo hagan partidos que no estaban representados en la Asamblea en la anterior legislatura y que, por tanto, la única manera de poder ofrecer su postura para la adjudicación de esta promoción era esperar a que se constituyera la nueva Comisión surgida de las pasadas elecciones, lo que no ha ocurrido hasta esta semana. Y especialmente sonrojante debería ser para quien permanentemente se ha dedicado a acusar al Gobierno de falta de transparencia y de información, y atribuía un “halo de sospecha” a cualquier lista de adjudicatarios de viviendas, de beneficiarios de planes de empleo o cualquier procedimiento de contratación. Al parecer, la información no la necesitan y el halo de sospecha se ha transformado en confianza ciega. Y más sonrojante debería ser si, para colmo, lo primero que hicieron fue defender el sorteo.
La prueba de la denuncia
El ejercicio de funambulismo político no termina ahí. Los partidos han llegado a compatibilizar la defensa la lista –“conforme a los criterios” y hasta resultado de “muchas comprobaciones” han llegado a decir– con acusaciones al Gobierno de “oscurantismo” y de negarse a investigar los hechos. Pero, ¿qué es exactamente lo que habría que investigar si la lista responde a un procedimiento que ha cumplido escrupulosamente con la legalidad? Lo cierto es que el Gobierno no solo defiende una investigación, sino que la ha puesto en marcha poniendo el caso en manos de la justicia, tal y como anunció el primer día. ¿Puede haber una demostración mayor de voluntad de aclarar los hechos? ¿Tendría el más mínimo sentido que si la lista es “a todas luces oficial” como dice algún partido de la oposición, el Gobierno no le dé validez y lo denuncie en los juzgados? Y ya hemos dicho que no tenemos el más mínimo problema en crear una Comisión de Investigación en el seno de la Asamblea, pero que nadie insulte a la inteligencia otorgándole a ésta más valor que a una investigación judicial.
En esta sarta de medias verdades y otras mentiras, se presenta como argumento las instrucciones que dio a los trabajadores de Emvicesa su jefe el exviceconsejero de Vivienda para que prepararan los contratos y llamaran a los supuestos adjudicatarios, aún cuando no existiera ni convocatoria ni resolución de adjudicación, y se obvia las instrucciones que este señor había recibido de sus superiores, la consejera de Fomento y el presidente de la Ciudad, para que no se iniciara el procedimiento de adjudicación hasta que se celebraran las elecciones y se constituyera la nueva Comisión Local de Vivienda. Nada de esto esto les parece extraño, como tampoco que Emvicesa hubiera adjudicado las casas (hasta el punto de pretender empezar a firmar los contratos) sin que lo supiera la presidenta del Consejo de Administración ni el presidente de la Ciudad, ni tampoco les sorprende que la lista se publique prácticamente al día siguiente de que tomara posesión el nuevo Gobierno y cuando el señor López estaba cesado, ni tampoco que la comunicación pública de la adjudicación se realice de manera sorpresiva y mediante la filtración a un único medio de comunicación. Todo esto, la falta de procedimiento, de resolución y la ocultación es algo que no les despierta la más mínima suspicacia. Ver para creer…
Limpieza en el proceso y derechos intactos
Frente a este modelo de adjudicación ilegal y opaco que parecen defender algunos partidos de la oposición, el Gobierno –cierto es, empujado por los acontecimientos– ha optado por hacer lo que tenía pensado desde hace muchos meses: esperar a la constitución de la nueva Comisión Local de la Vivienda para someter a su consideración cuáles debían ser los criterios de adjudicación. Nos hubiera gustado lograr la unanimidad, pero lo cierto es que dos no se entienden si uno no quiere. En cualquier caso, la Comisión ha optado por un doble sistema de adjudicación consistente en la atención de situaciones singulares (47 viviendas para necesidades derivadas de actuaciones urbanísticas, correspondientes al PERI de Príncipe Felipe y a Escuelas Prácticas, cinco para víctimas de violencia de género, 12 para discapacitados y 50 casas para familias en situación de extrema necesidad), y el sorteo de las 203 viviendas restantes (con un grupo de 75 para beneficiarios del Programa de Alojamiento Alternativo de Asuntos Sociales y 128 para todos los demandantes del registro oficial, sin límite mínimo de renta y con unos ingresos máximos de 2,5 veces el IPREM).
Somos conscientes de que seguramente a los únicos demandantes a los que el proceso les resultará satisfactorio son a los 317 que se conviertan en adjudicatarios, pero este sistema es el único que estaba en nuestras manos capaz de garantizar a los ciudadanos que al menos el proceso, además de legal, es limpio y transparente; un aspecto que siempre es importante, pero que nadie discutirá que en este caso ha multiplicado exponencialmente su relevancia. Porque realizar una baremación y adjudicación directa de las viviendas, hubiera sido interpretado por muchas de esas voces de las que hablaba al principio del artículo como la manera de cambiar una lista por otra (poco se puede esperar cuando la oposición ha llegado a decir que el sorteo responde a intereses “espurios”).
Pero, con todo el respeto, quiero que quede claro que nadie en este caso puede sentirse como un perjudicado o un damnificado porque nadie fue nunca un adjudicatario (ni tan siquiera provisional, y menos definitivo). Eso sí, esto en ningún caso significa que las personas que aparecieron en esa relación no puedan terminar siendo los propietarios de una de las viviendas de la promoción (no tienen ni una posibilidad menos que nadie), pero solo lo serán si les corresponde en el proceso de adjudicación que, ahora sí, se ha puesto en marcha. Sus derechos siguen intactos, como también los del resto de demandantes que no aparecían en la lista. La diferencia es que antes a estos últimos no les podíamos garantizar que se hubieran respetado sus derechos, y ahora sí.