UGT rechaza el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones, más conocido como TTIP, y el Acuerdo Comercial entre Europa y Canadá (CETA) porque afectarán de manera significativa a la vida y condiciones de empleo de los trabajadores y que tendrán un gran impacto negativo en todos los sectores de la economía, al menos en lo que conocemos.

Acuerdos que se han realizado a espaldas de los ciudadanos y de los propios dirigentes europeos, que no tendrán ninguna influencia en el texto del acuerdo, y está concebido para las grandes empresas en detrimento de la población europea. Nos venden que estos acuerdos están concebidos para mejorar las condiciones tanto de los trabajadores como de las empresas, abriendo EEUU a las empresas europeas, contribuyendo a reducir los trámites burocráticos que deben cumplir las empresas para exportar e introducir nuevas normas que hagan la exportación, importación e inversión entre EEUU y la UE más fáciles y justas.

También señalan que disminuirán los precios de los productos, que dará al consumidor mayor oferta y, sobre todo, que generará empleo y crecimiento en toda la UE. NO ES VERDAD. Tanto el TTIP como el CETA:

Ponen el foco en la gran empresa y se olvida de las pymes, cuando éstas son el 90% del tejido empresarial en nuestro país y mayoritarias en toda Europa. Se protege a las grandes corporaciones mediante mecanismos jurídicos extraños para preservar sus intereses, como tribunales especiales en los que las empresas podrían demandar a los gobiernos cuando sus regulaciones cuestionen sus propios beneficios. Además, presenta algunas alternativas como la eliminación de la Denominación de Origen, dañando irreversiblemente la economía y el empleo de nuestras zonas rurales.

Amenazan la aplicación de los convenios de la OIT en Europa en materia de derechos laborales, ya que se antepone la legislación laboral americana, en la que, en muchos Estados, no hay representación sindical que vele por las condiciones de empleo. Además, estos acuerdos potencian el papel de las empresas multiservicios, desreguladoras por antonomasia de las condiciones de los trabajadores y trabajadoras.

Dañan el medio ambiente y la salud pública. Pretenden eliminar “barreras al libre comercio”, tales como las certificaciones de algunos productos, los test de seguridad, el etiquetado o las inspecciones alimenticias, tan solo porque los empresarios las entienden como trabas costosas y engorrosas para el comercio, sin importar la seguridad del consumidor.

Rebajan el nivel de exigencia de la legislación europea en materia laboral, medioambiental o de salud, y abren la puerta al neoliberalismo económico más despiadado con la posibilidad de desregular todos estos ámbitos. Leyes que forman parte de la esencia más preciada de la UE como son los derechos laborales, la seguridad alimentaria, el posicionamiento contra los alimentos transgénicos o determinadas sustancias químicas quedan en entredicho con estos acuerdos.

Favorecen la privatización de nuestros servicios públicos fundamentales. La Educación, la Sanidad o los servicios de protección a la ciudadanía quedarán fuera de la tutela pública.

Además, las grandes corporaciones americanas podrán participar en licitaciones en los países de la UE.