Sindicato Médico de Ceuta

Estamos asistiendo a un fenómeno que se ha disparado en los últimos tiempos: la desbordante cifra sobre las continuas conductas violentas que se dan dentro de nuestro ámbito sanitario. Especialmente a nivel local, cuando la semana pasada tres de nuestros compañeros médicos sufrieron amenazas graves e insultos y ayer por la tarde una de las doctoras agredidas se ha visto obligada a revivir la desagradable experiencia de tener que volver a visitar la Comisaría de Policía para interponer una nueva denuncia contra un familiar del agresor condenado, al ver su nombre y su profesión mancillados y vejados en las redes sociales. 

Es importante reconceptualizar el término, no hay que seguir hablando de agresiones sanitarias hay que hablar de violencia sanitaria, tal como se hace de otros fenómenos violentos que se dan en otros ámbitos sociales. El reto de erradicarla debe de ser de todos,  aunque la máxima responsabilidad es de la Administración,  y la tolerancia también debe de ser cero. A todos nos compromete, y sobretodo al Sindicato Médico de Ceuta integrado en la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos de España, visibilizar  y denunciar  un tipo de violencia que desafía cualquier racionalidad, y lanzar  un SOS para alertar socialmente sobre un tipo de violencia que daña el pilar principal de nuestro Estado del Bienestar, que es la Salud y los profesionales que se encargan de su cuidado. Cuando se agrede física o psicológicamente a un profesional  se está dañando un valor social y se está perjudicando  a todos. La violencia sanitaria  quiebra el ADN del buen quehacer médico que es la relación médico-paciente. Los medios de comunicación y las redes sociales deberían ser claves para aislar y estigmatizar al agresor, para dar apoyo moral al profesional agredido y para exigir a la administración sanitaria, que hay que hacer otras intervenciones  y  poner más medios ante este nuevo cáncer social que es la violencia sanitaria.

 Urge cambiar el chip, revisar pormenorizadamente  y actualizar los protocolos contra las agresiones a sanitarios y sobre todo dedicarle el presupuesto que toca. Este es el auténtico barómetro del compromiso de la Administración contra la violencia sanitaria: los recursos que destina para combatirla. Basta de lamentos, quejorrea, retórica y bla, bla, bla. Es la Administración quien tiene la obligación de proveer seguridad a sus trabajadores y al 99% de los usuarios. No basta sólo con la condena y el apoyo moral. ¿Cuál es la partida presupuestaria del INGESA para  prevenir y restringir la violencia sanitaria que sufren sus profesionales? ¿Cuántas campañas de sensibilización se han hecho sobre la violencia sanitaria? ¿Cuantos cursos de formación sobre cómo actuar ante situaciones de riesgo se han realizado? ¿Dónde están los arcos de detección de metales como existen en otros organismos públicos? ¿Cuántas veces se ha presentado el INGESA como acusación popular en defensa de sus profesionales agredidos? Demasiadas preguntas sin respuesta en una ciudad que ostenta el triste record de estar en los puestos altos del ranking nacional de violencia sanitaria.

 Dar noticias sobre las continuas y reiteradas agresiones sanitarias salen en todos los periódicos cuando son de tipo físico,  pero no salen nunca (o muy pocas veces) las diferentes formas de maltrato psicológico que son el pan nuestro de cada día  y que son invisibles porque ni se notifican ni se denuncian. Salen gratis.  “Ya nos hemos acostumbrado “, dicen los profesionales, cuyo hartazgo les lleva no denunciar las frecuentes vejaciones, insultos, menosprecios y cualquier trato indigno que reciben de algunos usuarios con alto grado de exigencia y poca tolerancia a la frustración,  que se hacen acreedores de todos sus derechos pero que son anoréxicos en cuanto a sus deberes. 

No queremos pecar de apocalípticos ni de agoreros pero sí anticipamos que en futuro no muy lejano todos lamentaremos ,y algunos nos sublevaremos, ante la trágica noticia de la muerte de un médico u otro profesional agredido por un paciente en nuestro país. Es la crónica de una muerte anunciada. Aceptemos la realidad: es desolador, pero el ámbito sanitario es un escenario de alto riesgo de agresión.

 Es triste, descorazonador y muy irresponsable, el acostumbramiento ante las recurrentes agresiones así como la respuesta estereotipada, crónica y clónica de la Administración sanitaria. Hay que luchar, todos juntos, contra la normalización de este tipo de violencia. Es una tarea que nos compromete a todos. Por eso es muy importante que todos los medios de comunicación dediquen páginas contra la violencia sanitaria y que las redes sociales censuren este grave fenómeno. Es necesario hacer mucho más, ser mucho más pro-activos y sobre todo dedicar muchos más recursos a la prevención y a la adopción de medidas de seguridad activa y de penalización, disuasorias frente a los agresores de aquellos profesionales que se dedican al principal bien colectivo, que es la Salud. 

No estamos haciendo lo suficiente para prevenir y frenar la tendencia progresiva del fenómeno violento tanto en su vertiente psicológica (muy frecuente y escasamente denunciada) como física. Los profesionales deben mentalizarse que no denunciar las vejaciones e insultos que constituyen el maltrato indigno, a pesar del esfuerzo que supone, es un grave error, pues esto distorsiona la dimensión real del problema.  Por eso las cifras no son reales y tienen un gran sesgo. Es un fenómeno iceberg. Es imprescindible utilizar  los protocolos existentes para notificar  situaciones  de riesgo potencial en su trabajo diario, ya que hemos comprobado que los datos estadísticos de denuncias de agresiones a profesionales sanitarios se encuentran por  debajo de la realidad.  En este sentido, tenemos que concienciarnos de que es un problema que hay que cortarlo de raíz y cuanto antes, aunque sea una “simple” amenaza o maltrato verbal (de las que hay muchas en los centros de salud y especialmente en los servicios de admisión). 

La violencia sanitaria es debida a múltiples factores pero hay que enfatizar que la Administración debe de generar espacios de interacción cálidos y humanizadores en el que se reduzcan los malentendidos, encontronazos y desencuentros. Es la Administración  la responsable de la gestión de elementos asistenciales distorsionadores, que son la gasolina de la violencia sanitaria: sobrecarga asistencial, escasez de recursos, alta ratio de tarjetas sanitarias en Atención Primaria, Urgencias desbordadas, carencia de sustitutos, aumento de listas de espera, priorización de la Administración de la  asimetría de derechos de los pacientes sobre sus deberes, ... Estamos hartos de la retórica y de la quejorrea recurrente de la Administración que debe de asumir otras estrategias mucho más fértiles. La presencia de más personal de seguridad en los centros de Atención Primaria, como ocurre en los hospitales, es una de las medidas urgentes que reclamamos. De este modo, se pueden evitar  o disuadir episodios graves.  Resulta obvio que mientras un centro de salud esté abierto, tiene que haber un guardia de seguridad. Además debería existir orden de alejamiento inmediata del agresor, que debería de ser atendido en otro centro de salud lo más alejado posible del suyo.

 

Nosotros lo tenemos claro: contra la Violencia Sanitaria, Tolerancia Cero.