El agua es una realidad económica y un recurso imprescindible en el mantenimiento de los ecosistemas, pero sobre todo es un derecho esencial para la vida y la dignidad de los seres humanos.

Nuestro país necesita un NUEVO ACUERDO SOCIAL Y POLÍTICO CON EL AGUA para garantizar la calidad de vida de sus ciudadanos, el respeto por el medio ambiente, y la solidaridad con los más desfavorecidos y con las generaciones venideras.

Este nuevo acuerdo social implica necesariamente un reforzamiento de lo público. Los servicios de agua y saneamiento están vinculados a derechos humanos y de ciudadanía y no pueden ser gestionados únicamente desde la lógica del mercado. Esto se hace especialmente visible en momentos de crisis económica, cuando las familias se enfrentan a decisiones tan dramáticas como las de priorizar necesidades vitales.

El reconocimiento en julio de 2010 por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas del acceso básico al agua y saneamiento como un DERECHO HUMANO tiene relación directa con la condición del agua como bien público, base de la vida y de la economía y garante del bien común.

Ninguna familia puede ser privada del suministro de agua y del servicio de saneamiento para cubrir sus necesidades vitales básicas por razones económicas. Hemos de hacer viable en términos legales este compromiso, porque de poco sirve reconocer que el agua es un derecho, si no se ponen los medios precisos para hacerlo efectivo.

Se precisa una gestión integral del ciclo del agua como recurso público estatal que garantice el acceso de todos los ciudadanos a este recurso. Garantía que abarque el abastecimiento, la

calidad y seguridad para la salud de las personas, el mejor tratamiento posible para los vertidos de las aguas residuales y la protección de los ecosistemas acuáticos, arbitrando especiales

medidas de protección para aquellos territorios que sean depositarios de masas de agua para abastecimiento.

Hoy más que nunca es preciso resaltar las tres cualidades que colocan al agua por encima de cualquier otra consideración de orden político o económico: es un elemento indispensable para

la vida del Planeta, es un bien público, y ostenta la categoría de derecho reconocido.

Son tres premisas que definen los principios de la política que los socialistas defendemos en materia de agua:

Sostenibilidad en la planificación y la gestión.

Defensa de la titularidad pública del bien frente a cualquier intento de privatización.

Aseguramiento del suministro de agua para todos los ciudadanos.