Lo que más ha “sorprendido” al Gobierno de la Ciudad del informe sobre el mercado laboral que ha realizado el Catedrático de la Universidad de Granada, Joaquín Aranda, ha sido que, aproximadamente, la mitad de la población desempleada ceutí no dispone de estudios primarios. Tras el asombro inicial, y en un ejercicio de simplicidad obscena y cinismo insultante, nos han deleitado con una receta magistral que terminará con el paro, misma receta, por cierto, con la que algunos nos dicen —cada vez que hay un atentado— que se solucionará el problema del terrorismo: Educación, Educación y Educación. Brillante.

Nadie cuestiona el papel de la Educación como elemento fundamental de acceso a la vida laboral. Esto está fuera de todo debate. Sin embargo, el significado que le otorgamos al hecho de que la Educación sea un Derecho sí es algo que se encuentra permanentemente en disputa. Mientras algunos lo consideramos como un derecho social y colectivo, otros lo interpretan como un mero servicio individual (que se garantiza únicamente ofreciendo plazas escolares) y orientado en exclusiva a la proporción de mano de obra funcional al mercado laboral global. Se prioriza la “función selectiva” frente a la “función educativa”, dejando de lado aquello en que debería consistir cualquier proceso educativo: la formación de ciudadanos críticos. Se potencian actitudes como la competencia (frente a la solidaridad y la cooperación), el individualismo (frente al sentimiento comunitario) y el éxito (frente a la honradez y la justicia), obteniendo así un sistema social basado en una supuesta “meritocracia” que, en realidad, constituye un maquillaje del desprecio inconfesable hacia los que quedan atrás, ratificando y sancionando la desigualdad como algo merecido. Se justifica así un desplazamiento de las causas del desempleo y de la pobreza.

Esto es exactamente lo que ha hecho el Gobierno del PP en Ceuta. Ha encargado un informe que le sirve de descargo de responsabilidades. Las causas han pasado a ser “culpas”: “Si no encuentras trabajo, se debe única y exclusivamente a tu despreocupación, tu falta de talento, es, en definitiva, tu culpa”. Esta caricaturización de los menos pudientes, de los que han quedado “fuera de”, hace más fácil justificar el mayor nivel de desigualdad social conocido en la reciente historia democrática de nuestra ciudad. Parece ser que las dos décadas de Gobierno de Vivas (recordemos que encontró una cifra de parados cercana a los 3.000 y que actualmente esta cifra es superior a los 14.000) nada han tenido que ver en la cronificación del desempleo y su consecuencia inmediata: la pobreza. Según el Partido Popular, no ha hay pobres ni víctimas de un modelo ineficaz; hay “losers”, perdedores que se merecen lo que les ocurre por no haber sabido “buscarse bien las habichuelas”.

Ante la simplicidad del problema y la inequívoca solución que señala el Gobierno, sería lógico pensar que esas 14.000 personas desempleadas deberían incorporarse nuevamente al sistema educativo y que, tras la “certificación académica” de sus aptitudes, encontrarán trabajo de forma inmediata, llegando Ceuta, de manera sencilla, a una situación de pleno empleo. Un planteamiento infantil que, estoy absolutamente seguro, no era la reflexión que quería lanzar el Gobierno a la opinión pública. No, este Gobierno no es infantil, irresponsable o ingenuo, eso le haría parecer inocente. Este Gobierno sabe que, en el actual ambiente enrarecido, culpabilizar a los que menos oportunidades tienen y señalar que la pobreza y el desempleo se deben a una cuestión de comportamiento individual y no a estructuras sociales y culturales derivadas de decisiones políticas y económicas, no sólo encuentra fácilmente su lugar en el seno del discurso dominante, sino que sirve para que su incompetencia les salga gratis.

Digamos la verdad. La gente no encuentra trabajo en Ceuta, simplemente, porque no hay empleos suficientes y porque los que existen son repartidos en esa red clientelar del sector servicios que instrumentaliza el Gobierno para perpetuarse en el poder. No, este Gobierno no es inocente; este Gobierno es muy responsable de la distribución diferencial del trabajo, de la invisibilización de la clase trabajadora, y del diseño de un desempleo en consonancia con la polarización cultural de la que se sirve políticamente.