Hace unos días, un integrante de Ciudadanos me recriminó en un debate las, a su parecer, duras condiciones que puso Podemos para votar a favor de Pedro Sánchez en la fallida investidura tras el 20 de diciembre de 2015. Le contesté que para dar cheques en blanco ya estaba su partido. Desde la afirmación por parte del Partido Popular de que el acuerdo con los de Rivera constituía “un plato de lentejas” que en ningún caso estaban dispuestos a tragarse, hasta llegar al anuncio de la aprobación de los presupuestos de Rajoy, pasando por el presidente de Murcia o el voto naranja en contra de derogar un impuesto al sol que siempre dijeron que había que eliminar, Ciudadanos está dejando más que claro que no tienen un modelo diferente al Partido Popular. Son y siempre fueron los mismos.

A nivel local, existen ciertos posicionamientos hacia temas clave que nos hacen pensar que también aquí opinan de igual manera. En aquel mismo debate, hubo tiempo para discutir sobre la línea marítima del Estrecho. Expuse que, si bien es cierto que Podemos ya había presentado una Proposición No de Ley en el Congreso encaminada a ampliar bonificaciones y reducir precios, el objetivo que debíamos marcarnos colectivamente tenía que ser el de lograr una naviera pública. La respuesta de mi interlocutor fue contundente: ni hablar de servicio público.

Con su postura, producto de una estrecha visión ideológica que mantiene la falacia de que lo privado o lo “externalizado” siempre es mejor y más eficiente que lo público, Ciudadanos se sitúa en la misma línea que el Partido Popular: la de pensar que es posible lograr precios reducidos para el turismo y un trato más digno para la clientela cautiva ceutí a base de pedir conciencia social y comprensión a un grupo de empresas privadas que, además, operan como un cártel en su régimen de oligopolio. Erramos en el camino a seguir.

Las empresas privadas se fundan para ganar dinero. Esto no es discutible. Se puede discutir si nos parece mal o nos parece bien, pero una empresa privada siempre intentará maximizar beneficios y reducir costes. Básicamente, podríamos decir que como empresa privada incluso es su obligación. Contra esto, poco se puede hacer. Sin embargo, no es descabellado que la Administración Pública trate de garantizar un servicio público digno y de calidad al margen de la lógica del beneficio. Es decir, no es descabellado que una Administración Pública trate de hacer lo que como Administración Pública tiene que hacer.

No digo que sea algo sencillo (ni lo contrario). No entro en lo que ya es una discusión posterior sobre la mejor forma de lograr un objetivo fijado; de lo que hablo es de cuál debe ser ese objetivo a fijar. Este artículo no es una reflexión sobre complejidades técnicas o jurídicas, sino sobre posturas y voluntades políticas. Ahí, tanto PP, como Ciudadanos, como PSOE parece que renunciaron hace tiempo a la posibilidad de liberar a la ciudadanía ceutí del secuestro de las navieras.